ESTOY DE ACUERDO CON QUIENES, por un lado, se regocijan por el triunfo del Partido Verde en las elecciones del domingo pasado, pero, por el otro lado, se preocupan por los resultados del PIN. En esta columna quisiera agregar algo a este balance agridulce.

Empiezo con el Partido Verde. Con independencia del programa que presentaron los ex alcaldes, la campaña que hicieron fue algo extraordinario. Lo sería en cualquier parte del mundo —¿dónde se ha visto que tres grandes figuras políticas de un país hagan una campaña para que cada uno elogie lo que los otros dos hicieron?— pero lo es sobre todo en Colombia, un país furioso, en donde la política se hace como una guerra y en donde la filantropía electoral escasea tanto como las auroras boreales. Pero lo es por una razón más significativa: por ser un ejemplo único de subordinación de los intereses individuales a los colectivos. Esto me recuerda la célebre respuesta del profesor Yu Takeuchi cuando le preguntaron por la diferencia entre los colombianos y los japoneses. Lo que pasa es que, dijo el profesor en un tono elegante y demoledor, un colombiano es más inteligente que un japonés, pero dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. La campaña de los ex alcaldes desafía esa incapacidad nuestra, casi genética, para las empresas colectivas.
Ahora me ocupo del lado agrio del asunto, es decir del PIN. Lo primero que hay que lamentar es que, a pesar de la fama de corruptos que tienen los miembros de ese grupo político, hayan obtenido semejante votación. Esto prueba que, en buena parte del territorio nacional, la inmoralidad está socialmente tolerada. Pero prueba algo peor: que después de tantas décadas de narcotráfico boyante en el país, es muy difícil impedir que la mafia intente —y hasta logre— legitimarse a través de la política.

Dado que el narcotráfico está lejos de desaparecer, ¿no deberíamos prepararnos para lidiar, por muchos años más, con el tremendo problema de la captura mafiosa de nuestras instituciones? Creo que sí y lo primero que hay que hacer es entender cómo funciona. Esa captura empieza por lo local. En las instituciones municipales débiles, allí donde el gamonal y el finquero mafiosos son más poderosos que el alcalde y el juez juntos, los narcotraficantes logran poner todo el aparato estatal a su servicio, incluido, por supuesto, el sistema electoral. Cuando consiguen juntar varios municipios, hacen elegir a un congresista y así crean una polea de transmisión que va de los pueblos, al centro del poder político en Bogotá.

Si esto es así, el próximo presidente debería tomar medidas para debilitar esa correa de transmisión. Lo primero que debería hacer, a mi juicio, es fortalecer la administración local. Una reforma agraria que modifique el balance actual del poder municipal a favor del Estado y en contra de los poderes privados e ilegales, sería lo ideal; pero como es probable que el nuevo presidente no se le mida a semejante empresa, por lo menos debería fortalecer los impuestos municipales y la justicia local.

Lo segundo es hacer una reforma que castigue el clientelismo político y favorezca el voto de opinión. Me pregunto si no habría que pensar en ponerle límites temporales a la vigencia de la descentralización política y administrativa en algunas regiones del país. Claro, es tan políticamente incorrecto lo que sugiero, que sólo me atrevo a formularlo como una pregunta. Sin embargo, si sabemos que los del PIN serían los primeros en oponerse a esta idea, ¿no vale la pena tomarla en serio?