La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, una instancia donde participan personas y organizaciones que hace seguimiento integral y general al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria, presentó su segundo informe ante la Corte Constitucional en enero de 2017.  

El informe se refiere al hacinamiento carcelario, a las afectaciones en materia de salud e integridad personal, así como, a algunas situaciones que afectan de manera especial a las mujeres y a la población LGBT privada de la libertad.

En materia de hacinamiento, evidencia la grave crisis que atraviesa el país. Según el INPEC, en diciembre de 2016 el índice de hacinamiento fue de 51.2%, y alrededor del 31.9%, de la población privada de la libertad estaba en detención preventiva.

También, pone de presente las deficiencias en el sistema de salud brindado a los reclusos. Hay carencias en la prestación del servicio mismo, dificultades para acceder a los medicamentos, fallas en el acceso al agua y al saneamiento, problemas con el servicio de alimentación, entre otras. Además, las mujeres sufren dificultades para acceder a servicios de ginecobstetricia. La población LGBT tiene problemas para acceder a procesos de hormonización seguros. Y los indígenas no pueden acceder a los tratamientos tradicionales de sus propios pueblos.

Así mismo, el informe evidencia las violaciones a la integridad personal que se vive en las cárceles. Algunas se presentan por el uso que de las Unidades de Tratamiento Especial (UTE), por el abuso de la fuerza y de las armas de letalidad reducida, por los castigos colectivos que se realizan, entre otras.

Igualmente, la Comisión evidencia afectaciones específicas a los derechos de las mujeres privadas de la libertad. En particular, respecto de aquellas detenidas por los delitos de drogas que sufren los coletazos de la política criminal reactiva y populista. También, visibiliza las difíciles condiciones de reclusión de la población LGBT, que enfrenta situaciones de discriminación y de violencia en las cárceles.

Por esto, la Comisión hace un llamado a garantizar de manera efectiva el goce de los derechos de la población privada de la libertad. Y solicita que se implemente una política criminal reflexiva y coherente en lugar de una populista y reactiva.