Citizen constitutionalism

Aclaro mi tesis: si uno quiere que la Constitución sea una norma que limite eficazmente a los poderes políticos y garantice los derechos ciudadanos, es necesario que exista una corte que la proteja de eventuales violaciones. Y para que esa corte cumpla su función es inevitable que su interpretación de la Constitución deba ser jurídicamente aceptada por los otros órganos del Estado y por la ciudadanía, pues si no es así, no podría haber nunca un cierre jurídico de las disputas.

El costo de vivir en un Estado de derecho constitucional es aceptar que jurídicamente la última palabra sobre el significado de la Constitución la tiene la corte. Pero eso no significa que los magistrados tengan el monopolio de las discusiones constitucionales pues esto sería antidemocrático, otorgaría un poder desmedido a los tribunales constitucionales, y terminaría por marchitar la vitalidad de la Constitución, que se volvería un aburrido documento exclusivo para abogados.

En una democracia genuina debe también existir una deliberación política y ciudadana robusta sobre la Constitución, que obviamente tome en cuenta las decisiones de los jueces constitucionales, pero que pueda controvertirlas y pueda proponer entendimientos alternativos de nuestra norma fundamental. Y a su vez, los jueces constitucionales, al interpretar la Constitución, deberían tomar en consideración esos debates ciudadanos y políticos. Es lo que algunos han defendido como una visión dialógica y deliberativa de la interpretación constitucional, que es la que mejor armoniza la democracia con el control constitucional.

Esta discusión teórica me permite enmarcar una decisión personal, que expongo públicamente pues tiene alguna relevancia pública. He decidido retirar mi nombre de la lista de aspirantes a la Corte Constitucional

En mi blog en La Silla Vacía expongo en detalle las distintas razones de esa decisión, algunas de las cuales tienen que ver con mi involucramiento activo en el debate sobre la paz, que afectaría mi función de juez constitucional en caso de que resultara electo. Pero otra de las razones fundamentales es que considero que hago un papel útil para la democracia colombiana defendiendo, como he intentado hacerlo en estos años, los valores constitucionales desde la discusión pública y ciudadana. Hay muchos juristas que pueden ser buenos magistrados y efectivamente la lista de aspirantes contiene al menos una veintena de aspirantes extraordinarios; el presidente y el Senado podrán entonces seleccionar a dos excelentes magistrados o magistradas. En cambio no hay tantos académicos que hayan tenido las posibilidades y oportunidades que yo he tenido de alimentar el debate constitucional ciudadano. Por ello opté por seguir defendiendo los valores constitucionales desde la sociedad civil y no desde la magistratura.