The battle for differentiated criminal treatment for small growers continues

Last week, at a Dejusticia event on the situation of female coca growers in Putumayo, we talked about the progress and difficulties of the crop substitution program in the region. In the midst of uncertainty given the slow pace of the process, women say that their main concern is differentiated criminal treatment (TPD), a measure that seeks to favor small farmers and cultivators so that they are not imprisoned, as long as they comply with the substitution plans.

El proyecto de ley de TPD es una de las medidas claves del Punto 4 del Acuerdo de Paz – solución al problema de las drogas –, pues reconoce que la cárcel no es la salida más adecuada al problema de los cultivos ilícitos. A pesar de la importancia de esta medida, su implementación sigue tambaleando. Sólo hasta octubre del año pasado – casi un año después de haber refrendado el acuerdo – el gobierno radicó un proyecto de ley para que fuera tramitado vía fast-track. El proyecto fue archivado y ni siquiera contó con ponencia para primer debate debido a las múltiples críticas que recibió del Fiscal General. El pasado 20 de marzo, el Ministerio de Justicia radicó nuevamente el proyecto con varias modificaciones que intentan responder a estas críticas. Sin embargo, esta nueva versión ha sido fuertemente cuestionada por las organizaciones de cultivadores debido a que las condiciones para acceder a este beneficio son más restrictivas que en la versión anterior.

El nuevo proyecto de ley reduce el período durante el cual las personas pueden acogerse a estos beneficios pues establece que el año que tienen para manifestar su interés empezará a contar desde la firma de los acuerdos colectivos de sustitución. En la primera versión, las personas tenían un año para inscribirse en el programa, el cual se contaba a partir de la entrada en vigencia de la ley. Aunque en principio este cambio puede resultar positivo pues tiene en cuenta los tiempos particulares de cada región donde se está implementando el programa, en algunos casos puede ser restrictiva pues en muchos lugares los acuerdos colectivos se firmaron hace ya varios meses. Adicionalmente, algunas mujeres cultivadoras nos comentaron que el programa de sustitución no está recibiendo nuevos inscritos, con lo cual es posible que muchas personas que tienen el interés de sustituir sus cultivos se queden por fuera.

Por otro lado, esta nueva versión establece que perderán los beneficios quienes incumplan con los compromisos del programa de sustitución en cualquier circunstancia, mientras que en el proyecto anterior se aclaraba que este incumplimiento debía ser “intencionado”. Esta diferenciación es importante teniendo en cuenta que en varias regiones del país las mafias y las disidencias de las FARC están presionando y amenazando a las comunidades para seguir cultivando. Así, queda la duda de qué pasará con las familias que sean forzadas a incumplir sus compromisos con el programa de sustitución  debido a situaciones de fuerza mayor como la presión de los actores armados.

A pesar de estos problemas, el cambio que más ha generado preocupación en las comunidades que cultivan coca es la modificación de lo que se entiende por pequeño cultivador. El anterior proyecto de ley establecía que podrían ser beneficiarios del TPD quienes tuvieran cultivos de hasta 3,8 hectáreas de extensión. En la nueva versión esta medida se redujo a 1,7 hectáreas. Tal como lo argumentó el gobierno en el anterior proyecto, la medida de 3,8 hectáreas tenía sentido pues la productividad de los cultivos depende en gran parte de la región en la cual se encuentren. Por ejemplo, en los departamentos de Putumayo y Caquetá se requieren 3,83 hectáreas para tener una utilidad de 336.273 pesos mensuales.

Muchas de las familias que tienen cultivos superiores a 1,7 hectáreas y que ya se encuentran inscritas en el programa de sustitución tienen temor de ser criminalizadas debido a este cambio en el proyecto de ley. A pesar de tener el interés y la voluntad de acogerse al programa, no podrían recibir los beneficios del TPD porque la extensión de sus cultivos supera la permitida en la ley. Este cambio debilita la confianza de las comunidades en el proceso y cambia las reglas de juego sobre las cuales venía operando el programa de sustitución – que no estableció en su reglamentación un número determinado de hectáreas para poder ser beneficiario -. El decreto que creó el programa estableció únicamente que los beneficiarios debían ser familias campesinas en situación de pobreza que derivarán su sustento de los cultivos de uso ilícito, no hizo referencia a un número específico de hectáreas.

El tratamiento penal diferenciado es una medida urgente porque le permite a los cultivadores y cultivadoras comprometerse a sustituir sin el temor de que se inicie un proceso penal en su contra y les da a las autoridades garantías legales pues aclara la situación judicial de quienes recibirán los beneficios del programa. A pesar de su importancia para la sostenibilidad de los procesos de sustitución, el gobierno empezó a promover la firma de acuerdos colectivos sin contar con la regulación del TPD, lo que ha generado mucha incertidumbre sobre el proceso.

Ante estas tensiones que amenazan la viabilidad del proyecto de TPD, es urgente que tanto el gobierno como el congreso promuevan espacios para la discusión amplia de este nuevo proyecto de ley que le permita a las organizaciones de cultivadores y a la sociedad civil poner sobre la mesa sus preocupaciones sobre estas medidas y sobre todo participar en la construcción de una ley que responda a sus necesidades. El desafío para lograr la aprobación de este proyecto es atender las preocupaciones de los cultivadores y cultivadoras para que quienes ya hacen parte del programa de sustitución no sientan que les hicieron “conejo”.