Corruption

There are two ways of seeing, debating and sanctioning corruption. One looks at the tip of the iceberg, the current scandal. Viewed from this lens, corruption is a matter of a few rotten apples and a few behaviors so serious that they fit neatly into the Penal Code, from the irregularities of Reficar and Odebrecht to the unprecedented claims against Supreme Court justices (CS).

Es la concepción dominante en el debate público. Se acomoda a los ritmos de los medios y les permite lavarse las manos a los demás involucrados en las prácticas corruptas. Así lo están haciendo los sectores que auparon a los exmagistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, desde los gobiernos Uribe y Santos hasta el fiscal Martínez.

Para entender y superar las prácticas corruptas, hay que ver el resto del iceberg: la gran mayoría de conductas irregulares, que pueden no ser tan espectaculares ni tan visibles, pero sin las cuales no existirían los delitos más graves. Porque la corrupción es mucho más que el robo de recursos públicos o el cobro de coimas. Es “la utilización de las funciones y medios” de una institución “en provecho económico o de otra índole”, como lo define la RAE y lo han argumentado las colegas Vivian Newman y María Paula Ángel en un libro reciente sobre el tema.

Vista así, la corrupción en la CS viene de hace años y arropa a sectores que hoy se declaran indignados. Comenzó bajo el gobierno Uribe, que intentó politizar la justicia para impulsar la segunda reelección. “Soy un uribista reflexivo”, declaró Ricaurte en 2008, por el mismo tiempo en que paralizó a la CS para imponer sus candidatos a magistrados, procurador y fiscal. También para influir en la escogencia de 18 de sus colegas, que luego participaron en su elección al Consejo Superior de la Judicatura.

Aquel “yo te elijo, tú me eliges” es un caso clásico de corrupción, por el que el Consejo de Estado anuló la elección de Ricaurte, ante una demanda de Dejusticia. También fue corrupta la variación que se inventaron el exprocurador Ordóñez y los magistrados de la CS que lo nominaron —“yo le doy puesto a tus familiares, tú me reeliges”— por la que se cayó Ordóñez, también antes demanda de Dejusticia.

Pero no fue solo el uribismo. Santos nominó a la esposa de Bustos al Consejo de Disciplina Judicial. Y, según denunció Daniel Coronell, Martínez se habría reunido con Bustos para buscar su apoyo en la elección a la Fiscalía y discutir un cambio que el expresidente de la CS quería hacer al proyecto de reforma a la justicia que cursaba entonces en el Congreso.

Para encarar en serio la corrupción, hay que dejar de excusar el clientelismo y los intercambios de favores como si fueran algo menor. La corrupción comprobada de Ordóñez y Ricaurte no les ha costado hasta ahora: el primero es el candidato presidencial de muchos, y el segundo tuvo el descaro de candidatizarse a la JEP. Entre tanto, Martínez se muestra como el fiscal abanderado contra la corrupción, tras la destitución del cuestionado Gustavo Moreno, quien probablemente llegó a ese cargo con el aval de Bustos. Falta hacer memoria y ver el iceberg completo.