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Some economic leaders and columnists have criticized our Increasing Accountability report. Beyond the conclusions that other readers may reach, I believe that a profound and dispassionate reading of the book shows that these criticisms do not have any basis.

Some economic leaders and columnists have criticized our Increasing Accountability report. Beyond the conclusions that other readers may reach, I believe that a profound and dispassionate reading of the book shows that these criticisms do not have any basis.

A few weeks ago, together with a group of academics at Oxford University and Dejusticia, we published the report Increasing Accountability, which highlights the role of economic actors in serious human rights violations committed in the context of the armed conflict.

 

 

Algunos líderes gremiales y columnistas, así como el académico Gustavo Duncan, han escrito columnas criticando nuestro informe. A mi juicio, las críticas tocan fundamentalmente tres asuntos: 1) que el informe sobredimensiona y malinterpreta los vínculos entre actores económicos y el conflicto; 2) que el informe no hace suficiente énfasis en que muchos empresarios fueron víctimas del conflicto; y 3) que el informe busca generar una revisión de la historia que profundiza los antagonismos.

Más allá de las conclusiones a las que puedan llegar otros lectores, creo que una lectura profunda y desapasionada del tema muestra que estas críticas no se sostienen. El informe parte, como lo señala el profesor Duncan, de que se trata de un fenómeno complejo, con muchas variaciones y matices. De hecho, el informe sostiene expresamente que “es imposible e irresponsable hablar del sector privado como un actor unitario que actúa de la misma forma y con las mismas motivaciones en el conflicto” (Pág. 62). Por eso, entre otras cosas, en el informe hablamos de actores económicos para mostrar que no todos los que participaron del conflicto necesariamente fueron empresas, y sugerimos que la Comisión de la Verdad “debe partir de que está investigando un sector heterogéneo y un fenómeno complejo” (Pág. 81).

Los datos que presentamos en el informe provienen de fuentes públicas: sentencias judiciales emitidas por Tribunales de Justicia y Paz. En el informe explicamos las ventajas y desventajas de usar esta fuente, por ejemplo, que responde a principalmente a las narrativas de los paramilitares y no a las narrativas que puedan tener distintos sectores del empresariado (Págs. 47-49). Ésta, como toda fuente, muestra algunas cosas y puede esconder otras. Pero se trata de información pública y disponible que puede ser, primero, constatada por cualquier persona y, segundo, que es información que ya fue filtrada por nuestro sistema de justicia.

Los datos de esos fallos judiciales ofrecen información sobre posible involucramiento de 439 actores económicos en distintos momentos del conflicto, bajo distintos patrones y en distintas regiones del país. En el informe no se afirma ni se sugiere que una parte considerable del empresariado participó del conflicto, pero la información disponible permite pensar que no fue una cuestión aislada (dada la multiplicidad de actores, la permanencia del fenómeno en el tiempo y la fragmentación regional). Precisamente estos son los factores que merecen ser investigados para establecer en dónde ocurrió este fenómeno y quiénes estuvieron involucrados. Esto, entre otras cosas, para evitar que opacidad y la falta de certeza pueda afectar injustamente al gran número de empresas y empresarios que fueron víctimas, no victimarios, del conflicto.

Por otro lado, el informe no sostiene que los grupos armados no victimizaron a empresarios, actores económicos y sus familias. De hecho, manifestamos expresamente que el informe “Busca dar una visión más sistemática sin caer en generalizaciones contra los actores económicos, pues no se puede desconocer que estos también han sido víctimas de la violencia y en esta calidad también están llamados a participar en la construcción de paz en Colombia” (Pág. 40).

Asimismo, una de las conclusiones que trae es que “los datos señalan en la necesidad de profundizar en una narrativa que distinga entre unos empresarios que fueron víctimas de la extorsión… y otros que voluntariamente financiaron grupos paramilitares” (Pág. 58). Precisamente por eso, en el informe de la Universidad de Oxford y Dejusticia se hace un llamado a que la Comisión de la Verdad aborde el tema de la victimización de actores económicos y sus familias. Directamente señalamos que es “importante que la CEV rompa con la dicotomía de solo investigar las graves violaciones de los derechos humanos contra civiles no integrantes de un grupo empresarial; es necesario también investigar graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra terceros integrantes de grupos económicos” (Pág. 92).

Esto me lleva al tercer punto de críticas. Nuestro llamado es a que la Comisión de la Verdad asuma con responsabilidad la complejidad de este tema y se abran las puertas para  un diálogo al respecto. Pedir que la Comisión incluya este tema para nada sugiere que solo se concentre en él o que excluya el estudio de otros, como por ejemplo, el de la responsabilidad de las guerrillas en el conflicto.

La Comisión, que apenas está comenzando su labor, puede ser uno de los mejores escenarios para ventilar las diferencias de interpretación sobre los aspectos de economía política del conflicto que señala Gustavo Duncan. Necesitamos un espacio público en donde dialoguemos sobre actores, móviles, mitos y voces silenciadas por el conflicto, tanto en este como en muchos otros temas.

Todo esto es perfectamente posible porque, a diferencia de lo que parece sugerir Mauricio Botero, la Corte Constitucional no dijo que los actores económicos no habían participado del conflicto, ni tampoco prohibió que la CEV los incluyera en su mandato. El fallo de la Corte se refirió a la competencia de la JEP para llamar a un proceso penal a terceros.

Precisamente, uno de los riesgos del fallo de la Corte es que exista poca participación y voz de los empresarios en los mecanismos de justicia transicional, lo cual llevaría a perder la visión y las narrativas de los distintos sectores del empresariado sobre el conflicto –incluyendo las de quienes fueron víctimas de dicho conflicto—como  sucedió en Justicia y Paz.  Usar la Comisión de la Verdad como un escenario no judicial para incluir estas y otras narrativas podría servir para aislar y entender en su justa proporción este tema, establecer las verdaderas responsabilidades, y reivindicar a aquellos actores económicos que se negaron a participar del conflicto asumiendo costos económicos y vitales muy altos. También para rendir tributo a la memoria de quienes fueron víctimas, incluyendo las víctimas que pertenecían a sectores económicos.

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