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Recently, Dejusticia received strong criticism for the publication of our Increasing Accountability report. In this column, I respond and discuss the complexities of the role of businesses during the armed conflict.

Recently, Dejusticia received strong criticism for the publication of our Increasing Accountability report. In this column, I respond and discuss the complexities of the role of businesses during the armed conflict.

Recently, Dejusticia, which I am a member of, received strong criticism, including attacks, after the publication of our Cuentas Claras report, where we discuss the role of the Commission for the Clarification of Truth (CEV) given the involvement of certain businesses in crimes committed during the armed conflict. I respond to the criticisms by Professor Gustavo Duncan and columnists Mauricio Botero Caicedo and Jorge Humberto Botero.

 

tres objeciones: i) que el informe ignora o minimiza que los empresarios fueron también víctimas; y, por el contrario, ii) exagera la complicidad empresarial criminal; y que, por ello, iii) propugna una interpretación del conflicto armado colombiano, como una guerra de clase en donde los empresarios criminales se enfrentaron a una guerrilla que representaba los intereses populares. A partir de esas críticas, los dos Botero van más lejos y cuestionan nuestros propósitos y nuestra financiación: seríamos, según Botero Caicedo, una organización al servicio del multimillonario Soros, con un propósito semejante a la guerrilla: lograr un “cambio de modelo que implica pasar por encima del cadáver del sector empresarial”.

No voy a responder a esos últimos ataques, que son falsos, pero además peligrosos en el ambiente polarizado que vive Colombia. ¿Qué tal que nosotros dijéramos que las respuestas de los Botero provienen de razones oscuras porque ambos son conocidos líderes empresariales? ¿Sirven de algo esas acusaciones infundadas? No lo creo y, por ello, invito a esos críticos a que debatamos racionalmente y con base en lo que realmente dice este informe, elaborado conjuntamente con la Universidad de Oxford.

Primero, no ignoramos (¿por qué lo haríamos?) que muchos empresarios fueron víctimas. Es cierto que este tema no es central en el informe, que tiene otro propósito, pero en numerosas oportunidades enfatizamos la victimización contra los empresarios (págs. 20, 40, 58, 82 y 92). Además, explícitamente pedimos a la CEV que no investigue solo la complicidad empresarial criminal, sino también la victimización que sufrieron los empresarios por los actores armados (p 92).

Segundo, nuestro estudio se basa en las 35 sentencias de Justicia y Paz que mencionan 439 casos de posible complicidad empresarial criminal. Y es con base en esa evidencia judicial que concluimos que esa complicidad debe ser esclarecida, en forma imparcial, por la CEV. Pero nunca decimos que la complicidad de los empresarios fue generalizada. Por el contrario, afirmamos que el empresariado es un actor complejo, por lo que la relación de los distintos actores económicos con el conflicto armado fue muy diversa. Precisamente por ello es tan importante que la CEV logre distinguir entre los empresarios que “fueron víctimas de extorsión” de aquellos “otros que voluntariamente financiaron grupos paramilitares para proteger y expandir su actividad económica” (p. 58), que los hubo, como lo muestra el caso de Raúl Hasbún, ganadero y empresario bananero que se convirtió en comandante del Bloque Bananero.

Finalmente, el informe nunca hace la interpretación del conflicto armado que los tres críticos le atribuyen, pues su propósito no es caracterizar nuestra guerra, sino indicar que hubo un cierto grado de complicidad empresarial criminal, que debe ser esclarecida, en beneficio de las víctimas de esos delitos, pero también de todos aquellos empresarios, seguramente la gran mayoría, que no fueron cómplices de los actores armados. ¿Es eso realmente promover la muerte del empresariado colombiano, como nos acusa Botero Caicedo?

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