Defending His Post

Según la valiente carta de renuncia de su secretaria privada por acoso laboral, en lugar de cesar el maltrato sistemático contra sus subalternos, el defensor ha reaccionado a las denuncias intentando que los hechos no sigan saliendo a la luz y urgiendo a funcionarios que las desmientan.

Por razones legales e institucionales, las faltas del defensor son más serias de lo que sugiere el silencio de los opinadores ante las denuncias hechas desde Semana por Juan Diego Restrepo y Daniel Coronell, y desde la misma Defensoría por altos exfuncionarios como Juan Manuel Osorio, Astrid Cristancho y Hernando Toro, que renunciaron “asqueados” (como lo dijo Osorio) por los constantes insultos, gritos y groserías del defensor contra sus subalternos.

Son faltas serias jurídicamente porque la violencia verbal es un caso de acoso laboral. Y el acoso constituye una falta gravísima cuando su autor es un funcionario público, según la Ley 1010 de 2006, que regula el tema. “Gravísima” no es un calificativo caprichoso. Tiene un significado específico en derecho disciplinario: los funcionarios a quienes se compruebe que cometieron con dolo ese tipo de falta deben ser destituidos e inhabilitados. Por eso, la Procuraduría destituyó e inhabilitó el año pasado a Luis Murallas, un oficial del Inpec que maltrataba verbalmente a la subdirectora de un centro penitenciario de Medellín. Aunque la aplicación igualitaria de la ley no es el fuerte de la Procuraduría, de comprobarse las denuncias contra el defensor, este debería recibir la misma sanción.

La conducta del defensor es reprobable también por motivos institucionales. Si los gritos y los vejámenes son inaceptables en cualquier organización pública o privada, lo son con mayor razón en la entidad encargada de proteger los derechos de los ciudadanos. Aun más cuando el blanco de las ofensas son mujeres u otros grupos históricamente discriminados. “Las mujeres no entienden de eso” y “¿llegó en volqueta, que está despeinada?”, son algunas de las frases tristemente célebres del defensor, según su secretaria privada.

La contradicción es patente cuando se lee la ley sobre acoso sexual. Según ella, ¿ante quién deben acudir los empleados maltratados o perseguidos por sus jefes? Así es: ante la Defensoría (o las inspecciones de trabajo). Como la Defensoría no puede sancionar a nadie, en estos y otros asuntos su única autoridad es moral. Y la base del poder moral es la coherencia, que se va desvaneciendo con las contradicciones de quien lo ejerce, máxime cuando es la cabeza de la institución.

Herbert Hart, el célebre teórico del derecho, llamó “patología del sistema jurídico” la situación en la que los altos funcionarios incumplen las normas que deben aplicar: magistrados que le tuercen el cuello a la ley para protegerse, defensores dedicados a preservar el puesto antes que los derechos. Me temo que esa es la enfermedad que estamos padeciendo.