Debts to peace

The year 2017 witnessed historical events: the FARC handed over more than 7,000 weapons and ceased to be the oldest guerrilla in the world. With the cease-fire, which had already begun the previous year, many lives have been saved, many futures are no longer cut short, and we have won many smiles from anonymous people in deep Colombia. A breath of joy for those who with great courage and resilience survived the most difficult years of an absurd war.

Pero no todo ha sido alegría. El poder político tradicional también mostró este año lo poco que está dispuesto a ceder sus múltiples privilegios y lo difícil que será alcanzar una Colombia más incluyente y justa. Todos los planes y proyectos de la “Paz Social” están en cuidados intensivos, como por ejemplo aquellos relacionados con tierras y territorios, participación de víctimas, y los de garantías para el campesinado y otras comunidades rurales.

Particularmente preocupa la profunda animadversión del poder político tradicional hacia las víctimas y los líderes sociales. Este año tuvimos tres demostraciones de ese odio. Si no logramos combatirlo, pocas opciones tendremos de avanzar en esas promesas de paz y reconciliación, y menores todavía de fortalecer nuestra lánguida democracia.

El primer portazo a la paz ha sido la actitud institucional generalizada frente a la violencia letal contra líderes sociales e indígenas. El saldo es aterrador, pero nadie se inmuta. La Fiscalía no ve el problema, el Gobierno no adopta medidas concretas y el propio ministro de Defensa ofende y revictimiza al decir que las muertes no tienen nada que ver con su liderazgo. Lo que está detrás de todas estas respuestas incompletas no es otra cosa que la cómoda ventaja que obtiene ese poder de que saquen del camino a quienes pueden poner en riesgo sus feudos.

La segunda demostración se presentó en el Congreso con ocasión del debate sobre las curules para las víctimas. No solo los gamonales regionales cerraron filas para evitar la competencia por su poder político. Lo más triste fue escuchar de los legisladores que la negativa se justificaba porque de lo contrario se abriría el Congreso al terrorismo y al narcotráfico. Las víctimas terminaron siendo los victimarios y la amenaza para la democracia. ¡Cuánta infamia!

El tercero también se vivió en el Congreso. Esta vez, en la discusión de la Ley Estatutaria para la administración de la Justicia Especial de Paz. En un acto desafiante, la mayoría del Congreso estableció que defender los derechos humanos es un acto reprochable y que, quienes lo hayan hecho como base de su ejercicio profesional, no son bienvenidos en la administración de justicia. No es solo una norma contraria a la Constitución y los tratados internacionales, es una norma contraria a la decencia, la civilidad y al espíritu democrático. Es una declaración de odio, de estigma y de exclusión.

Las transformaciones sociales, institucionales y personales que se requieren para construir la paz no han sido ni serán fáciles de lograr. Hemos avanzado, pero seguimos careciendo de los más mínimos cambios en quienes parecen tener las llaves de las estructuras institucionales más importantes. Y esos cambios no van a ser ni espontáneos ni voluntarios. Hay que propiciarlos, obligarlos.

Ese es, sin duda, el eje central de las próximas elecciones. La erradicación de la violencia del espectro político solo se dará si se llenan esos espacios con participación política. No solo con el voto, pero empezando con el voto. La construcción de paz y justicia no la hace ni la mantiene un gobierno, es un proyecto de sociedad y ciudadanía. Esa es la única vía para empezar a pagar las deudas con la paz.