Elites, bases and peace

Jurídicamente, su resultado es claro: el umbral exigido fue superado por las dos opciones, y una de ellas, el No, obtuvo una mayor votación. En consecuencia, el denominado Acuerdo Final no puede ser implementado por el Gobierno. Bien hicieron las partes en el comunicado de ayer de aceptar ese resultado y abrir la puerta a fórmulas alternativas, siguiendo la decisión de la Corte Constitucional en su sentencia sobre el plebiscito.

Pero el panorama político sobre cómo enfrentar el resultado sigue siendo confuso. Pese a la abrumadora abstención, un número importante de personas apoyaron la paz negociada (más de 12 millones). Casi la mitad apoyamos globalmente el acuerdo como estaba (aun con reservas) y un poco más de la otra mitad desaprobó algunos puntos del acuerdo, pero aparentemente no todos objetaron directamente la negociación o el acuerdo como un todo.

El reto es entonces comprender esta situación y dar cumplimiento a lo que manifestó el electorado. De allí nos nacen dos retos. Primero, identificar los puntos a ser reformulados y las alternativas plausibles para su modificación, teniendo en cuenta que es un proceso complejo en donde al otro lado hay una contraparte radical (las Farc). Segundo, determinar quién debería tomar el protagonismo para una nueva fase de negociación y cómo deberíamos adelantarla.

Para muchos ha sido paradójico ver cómo el resultado de una consulta popular sea el empoderamiento de las élites tradicionales. La reunión entre presidente y expresidentes, o el llamado al “pacto de partidos”, parece un retroceso para la inclusión de las voces de los lugares más pobres y que más han sufrido la violencia. Sobre todo cuando en muchos de los partidos y sus liderazgos se denota más un cálculo por el reacomodamiento de fuerzas políticas que interés por que el proceso de negociación avance. De allí que despierten tanta expectativa las iniciativas ciudadanas como las de #PazALaCalle o las reuniones entre alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas por el conflicto.

Las marchas del miércoles fueron muy promisorias. Pero mucho me temo que la mejor solución no podrá partir de una fórmula radical que excluya a esas élites y sus representantes. La movilización de las bases, orientada a construir una apropiación social de la paz, puede enfocarse inicialmente en subirles el costo político a las élites para que no ralenticen el proceso, dados los inmensos peligros de retroceso que esto conlleva.

La movilización que creativamente han impulsado distintos sectores puede ayudar a separar responsablemente los temas que deben ser objeto de renegociación de aquellas agendas que sólo pretenden pescar en río revuelto. Impulsar, por ejemplo, compromisos prácticos que permitan partir del texto ya negociado bajo la lógica de contrapartes que permitió que se llegara a él, continuar la metodología de negociación y establecer un nuevo cronograma.

De la misma manera, es fundamental defender dos principios éticos fundamentales. Primero, que el nuevo proceso parta de unos puntos intocables o “líneas rojas” para la protección del Estado de derecho, el cumplimiento de estándares internacionales y el régimen básico de la Constitución. Especialmente, el respeto por los derechos de todas las víctimas sin distinción a la verdad, la reparación, la justicia, la participación y a las garantías de no repetición. Segundo, que toda acción que se emprenda y toda decisión que se tome esté orientada por un principio fundamental: ni una víctima más.