From Civilization to Barbarism

La idea detrás de esta placa es que someter los conflictos que se generan entre las personas a la decisión de un tercero implica un gran avance de la civilización. Frente a la ausencia de un tercero, el conflicto puede ser resuelto por las partes, algunas veces de manera amigable, pero otras veces a través de la ley del más fuerte y del uso de la fuerza ilegítima. Por eso es que la existencia de un tercero que resuelva los conflictos entre las personas contribuye a evitar guerras, violencias, expolios, derramamientos de sangre, etc.

Siguiendo esta lógica, Colombia decidió libremente someterse a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del que hace parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la aprobación de la Convención Americana. En consecuencia, lo que uno razonablemente esperaría es que el Gobierno acate las decisiones de la Comisión, que claramente son vinculantes, por muy injustas o absurdas que le parezcan.

El Gobierno, apoyado por algunos analistas, justificó su incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH para proteger el derecho a ser elegido de Petro diciendo, entre otras cosas, que ellas solo son obligatorias cuando su propósito es proteger los derechos a la vida y a la integridad personal, y que el Sistema Interamericano es subsidiario. Es decir que solo podía actuar cuando Petro hubiera agotado todos los recursos judiciales que el ordenamiento jurídico colombiano le ofrece para refutar el fallo del procurador (le falta promover la acción de nulidad y restablecimiento del derecho).

Pues bien, más allá de que los argumentos del Gobierno sean buenos o malos y de que la decisión de la CIDH sea buena o mala, las medidas cautelares deben ser cumplidas. Acá no me interesa discutir la solidez de los argumentos del gobierno ni los de la CIDH. Lo que quiero resaltar es que el cumplimiento de la orden de la Comisión no puede estar sometido a la valoración que las partes hagan de la decisión.

En la solución de los conflictos suele haber una parte que sale beneficiada y otra perjudicada. Si una parte pudiera no acatar lo decidido porque le parece injusto, no tendría sentido llevar los conflictos ante un tercero, ya que lo esperable es que quien resulte perjudicado con la decisión no la cumpla y quien resulte beneficiado reclame su cumplimiento. De allí que el acatamiento de las decisiones de terceros legitimados no debe estar sometida a que se comparta o no la decisión o a que se le considere o no justa.

Me pregunto qué pensaría el Gobierno si las demás instituciones del Estado y la sociedad no cumplieran con sentencias que han favorecido posiciones gubernamentales como la que resolvió la constitucionalidad del marco jurídico para la paz o el principio de sostenibilidad fiscal.

Por esta razón me cuesta entender que el Gobierno decida no cumplir las medidas cautelares al no estar de acuerdo con el fondo de la decisión. Otra cosa es que el Gobierno critique la decisión con argumentos jurídicos, de modo que la Comisión sienta que está siendo vigilada y evaluada por la sociedad y que, como consecuencia, se esfuerce en tomar decisiones acertadas y bien fundamentadas. Pero este análisis crítico no puede ser un pretexto para incumplir.

De manera que la actitud del Gobierno, que pretende desconocer las decisiones que no le gustan, como la del Tribunal de La Haya en el pleito con Nicaragua y como la de la CIDH sobre las medidas cautelares, es un verdadero símbolo del retorno a la barbarie.

Coda: Si bien antes al enemigo político lo exterminaban, como sucedió con la Unión Patriótica, hoy lo destituyen, inhabilitan y matan políticamente. Mi duda es si esto realmente marca el tránsito del estado de naturaleza al de convivencia civilizada o si le da la razón a Foucault, quien sostenía que si se escribiera la historia de la paz y de sus instituciones, no se escribiría otra cosa que la historia de la guerra.