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¿Será que puedo poner una tutela para que la EPS me cubra por el POS la operación de cáncer de próstata, antes de que me haga metástasis?

El asunto es urgente: el paciente tiene el antígeno por las nubes y la biopsia fue positiva. Un médico privado hizo el diagnóstico, porque las citas por el POS se demoraban tres meses y el enfermo ya sentía los síntomas. La cirugía vale $12 millones, que el paciente no tiene pero está rebuscándose, porque la respuesta de la EPS llegaría demasiado tarde.

Fue un doble déjà vu. Filas de pacientes hacen la misma pregunta en los consultorios jurídicos donde nos formamos los abogados. Dramas personales como ese, por medicamentos o tratamientos dilatados o negados por las EPS, aunque estén cubiertos por el POS, están detrás de la mayoría de cerca de 100.000 tutelas anuales, según la Defensoría del Pueblo.

De modo que el caso de Camila Abuabara no representa lo que pasa a diario. Esa es la mitad de la historia que les cuesta trabajo reconocer a los críticos de la tutela, cuando dicen que los jueces quieren que todos comamos langosta.

La otra mitad es que se está abusando de la tutela. Y que si no se pone algún límite a los gastos por tratamientos costosos o ineficaces, como se hace en países más equitativos y pudientes, el sistema de salud termina sin fondos ni capacidad para atender casos cotidianos.

Por ejemplo, en 2011 se gastaron $187.000 millones en un suplemento alimenticio para diabéticos que tenía eficacia casi nula, y otros $34.000 millones en un tratamiento para cáncer terminal que alarga la vida sólo tres meses y no cubren los países ricos. Con esa suma se habría podido ampliar la cobertura del POS para un millón de afiliados, según un estudio de la Universidad de los Andes. Esa es la parte de la historia que deberían ver los críticos del ministro de Salud y los jueces que conceden tutelas sin reparar en la necesidad de los tratamientos, ni en alternativas eficaces y menos costosas.

Si unos y otros estuvieran dispuestos a ver el panorama completo, podríamos responder colectivamente las preguntas esenciales: ¿qué debe cubrir el presupuesto público de salud y qué no? ¿Quiénes y cómo deberían tomar esas decisiones?

Pero esa conversación no es posible entre partes que desconfían una de la otra: entre ciudadanos y jueces que sospechan de las EPS y las entidades estatales, y funcionarios que descreen de los ciudadanos y los jueces. Hay que comenzar por crear confianza, con mea culpas y avances concretos. El Gobierno y la Corte Constitucional pueden dar los primeros pasos. El Gobierno, poniendo en cintura a las EPS, abriendo el debate a la participación ciudadana e impulsando el IETS, la entidad creada para evaluar tratamientos y medicamentos. Y la Corte, reconociendo los límites presupuestales y abriéndose a colaboraciones con expertos, como lo está haciendo la Corte de Costa Rica. Ojalá se pueda.

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