IACHR: Crisis and Opportunity

LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental para la lucha por la democracia en América Latina pues en muchos casos ha sido la única institución a la cual han podido recurrir las víctimas de atropellos, cuando no han encontrado respuesta en sus propios países, como los familiares de los desaparecidos de las dictaduras argentina o chilena, o de masacres en Colombia, o los perseguidos políticos en Venezuela, o los periodistas censurados en Ecuador. Y la CIDH ha jugado también un papel esencial en momentos cruciales, como la resistencia de los peruanos frente a la dictadura de Fujimori o la investigación sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.

Pero la CIDH sufre hoy una grave crisis financiera, que si no se resuelve en las próximas semanas, podría obligar al despido de 40% del equipo y a que deje cumplir parte de sus funciones.

Esta crisis tiene un origen estructural viejo y es que los Estados latinoamericanos no han asumido históricamente su responsabilidad de financiar adecuadamente a la CIDH y a la Corte Interamericana, por lo cual ambas han tenido un déficit presupuestal permanente, que las ha obligado a buscar recursos de otras fuentes. Por ejemplo, en 2013, la CIDH operó con 11 millones de dólares, de los cuales sólo 44% (unos cinco millones) provenían del fondo regular de la OEA, derivado de las contribuciones de los Estados. El resto de la plata, o sea 56% de sus recursos, tuvo que encontrarlo la CIDH de otras fuentes, como la Unión Europea. Y algo semejante ha sucedido con la Corte Interamericana.

En ese contexto, la crisis coyuntural surge porque no sólo la contribución de los Estados latinoamericanos bajó aún más sino además porque la CIDH esperaba recibir unos fondos de los países europeos pero que éstos decidieron usar para atender a los refugiados en esa región.

La crisis económica coyuntural de la CIDH puede entonces ser resuelta fácilmente si los Estados grandes de América Latina, como Colombia, hacen un pequeño esfuerzo financiero pues la suma es baja: unos dos millones de dólares. Pero esta crisis debía volverse una oportunidad para resolver el problema estructural de financiamiento de la CIDH y de la Corte Interamericana pues es inaceptable que estas instituciones deban andar buscando año a año recursos filantrópicos para poder funcionar, como si fueran una ONG. Esto no sólo afecta su independencia y eficacia sino que es una vergüenza pues, como instituciones internacionales, sus fondos deberían estar asegurados, como sucede con la Corte Europea de Derechos Humanos.

Esta crisis de la CIDH pondrá a prueba el talante democrático de América Latina pues aquellos países que sean genuinamente democráticos tienen la responsabilidad no sólo de obtener los recursos para que la CIDH funcione este año sino también de adoptar las decisiones necesarias para resolver el problema estructural de financiamiento del sistema. Y Colombia no puede estar ausente de este esfuerzo.