The Special Jurisdiction for Peace cannot forget crimes against children

Up to August 2017, the Colombian Family Welfare Institute (ICBF) had assisted more than 6,000 children who were recruited by the FARC, the ELN, the Auc and the Bacrim. In addition, according to the Ombudsman’s Office, most of them were between 12 and 13 years old when they were recruited.

Cientos de niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de crímenes atroces durante el conflicto armado. La Unidad de Víctimas ha identificado que sufrieron desplazamiento forzado, violaciones y abusos sexuales por parte de miembros de grupos armados, mutilaciones derivadas de minas antipersona y reclutamiento ilícito, entre otros crímenes. Hasta agosto de 2017, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) había atendido a más de 6.000 niños y niñas que fueron reclutados por las Farc, el Eln, las Auc y las Bacrim. Además, según la Defensoría del Pueblo, la mayoría de ellos tenía entre 12 y 13 años al momento de ser reclutados. También, se sabe que la Fuerza Pública utilizó menores de edad desvinculados de los grupos armados en actividades de inteligencia militar.

En este escenario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene el reto de incorporar un enfoque especial en materia de infancia en los procesos y en las decisiones que adopte, es decir, tiene que mirar cómo el conflicto armado impactó de manera diferencial y específica a los niños, las niñas y los adolescentes. Además, debe garantizar que se reconocerán responsabilidades y se impondrán sanciones por los crímenes cometidos en contra de la población infantil.

Para eso, es importante que las instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil envíen a la JEP, lo antes posible, la información que tienen acerca de los delitos que afectaron a los niños y niñas durante el conflicto armado. Por ejemplo, la Fiscalía debe enviar la información consolidada por la Unidad de Análisis y Contexto sobre reclutamiento ilícito; la Defensoría debe enviar los informes de riesgo de reclutamiento que emitió el Sistema de Alertas Tempranas; el ICBF debe enviar la información que ha recolectado sobre las afectaciones que sufrieron niños y niñas en el conflicto armado. Toda esta información es crucial para la determinación de responsabilidades y sanciones en la JEP.

Además, la JEP debe incorporar herramientas específicas para tener en cuenta los derechos de los niños y las niñas en los procesos. Debe incluir garantías procesales según estándares internacionales, como las que permiten evitar revictimización, resguardar el derecho a la intimidad, adoptar reglas específicas para brindar testimonio, entre otras. Asimismo, debe incluir, entre los criterios de priorización de los casos, que las conductas hayan afectado gravemente a los niños y las niñas; y puede utilizar herramientas de análisis que integren los factores de contexto que afectaron los derechos de la infancia durante el conflicto armado.

Por su lado, las Farc deben reconocer que cometieron crímenes internacionales en contra de cientos de menores de edad en el país, contar la verdad sobre dichos crímenes, pedir perdón, reparar a las víctimas y asumir las responsabilidades que les corresponden. Para esto, no tienen que esperar a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o la Comisión de la Verdad los llamen a declarar, sino que desde ya deberían reconocer sus responsabilidades en el marco del conflicto armado. ¡Están en mora de hacerlo!

La ciudadanía debe exigirles a todos los actores del conflicto que reconozcan y asuman las responsabilidades correspondientes por los crímenes atroces que fueron cometidos en contra de niños y niñas. También debe exigirle a la JEP que sus decisiones y procedimientos garanticen una mirada especial en materia de infancia, y que establezca responsabilidades por los crímenes internacionales cometidos en contra de la población infantil.