Lessons of the Special Jurisdiction for Peace
César Rodríguez Garavito September 29, 2017
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We do not have to look far to find immediate reasons against clientelism in justice. The judge selection for the Special Jurisdiction for Peace (JEP) has just given us two lessons that should be applied throughout the judicial system.
We do not have to look far to find immediate reasons against clientelism in justice. The judge selection for the Special Jurisdiction for Peace (JEP) has just given us two lessons that should be applied throughout the judicial system.
The first is the selection procedure. Unlike the sneaky votes and the secret agreements of “I choose you, you choose me”, the 51 judges of the JEP were chosen by a plural committee of experts through an open call. The evaluation criteria and interviews were published. Academic competence and gender, ideological, geographic and ethnic-racial diversity were valued. The process also opened a space for citizens to learn and comment on more than 2,000 applicants, many of whom were applying to be judges for the first time, because they saw that this time fate had not been predetermined.
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Si las demás cortes, el Gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura y el Congreso están sinceramente comprometidos con la reforma urgente a la justicia, podrían adoptar ya un mecanismo similar para elegir magistrados, procurador y fiscal. No hacen falta grandes cambios legales ni constitucionales; en el corto plazo, bastaría reformar los reglamentos internos de las cortes y los procedimientos de postulación y elección que dependen del gobierno y el Congreso.
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La segunda lección es la composición de la JEP. En pocos meses, el comité de selección logró lo que no habían podido los electores tradicionales de los jueces. Es la primera vez que una alta instancia judicial refleja la realidad de un país y una profesión jurídica compuestos por más de 50 % de mujeres, y les abre espacio a destacados abogados indígenas y afro.
Menciono dos casos que no había querido comentar hasta ahora para mantener una posición imparcial sobre el proceso de selección. Conocí a Ana Manuela Ochoa hace más de 15 años en su pueblo natal de Chemesquemena, en el territorio indígena kankuamo en Cesar, cuando la violencia contra su pueblo bordeaba el genocidio. Tuve la suerte de ser su profesor y vincularla como investigadora en la Universidad de los Andes. Por sus calidades académicas y personales, no me sorprendió que de allí pasara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego se convirtiera en una de las abogadas indígenas más reconocidas de América Latina. Lo que sí fue una sorpresa es que su trayectoria fuera reconocida y la llevara a ser una de las magistradas de la JEP.
La trayectoria de Xiomara Balanta es igualmente extraordinaria. Desde muy joven destacó en la academia y la defensa de derechos de las comunidades negras. Recuerdo que desde entonces aspiraba a ser jueza, como lo dijo en la entrevista que le hicimos para darle una de las becas de estudios en el exterior del semillero de abogados afro del Observatorio de Discriminación Racial. Pero como el clientelismo puede ser un obstáculo tan tenaz como el racismo, era improbable que su paso por la Universidad de Notre Dame, la Corte Interamericana y la Universidad San Buenaventura le abriera las puertas a una alta corte. Hoy es magistrada electa de la JEP.
Lecciones e historias como estas renuevan la esperanza en la justicia, justo cuando más la necesitamos.