Loose Cannon

Yo creo que no debemos aceptar que haya interceptaciones contra Vicky Dávila o Claudia Morales ni contra nadie. Y que parte de la fórmula para evitarlo resultaría de un sistema de vigilancia que combine cuatro controles sobre la inteligencia que hoy en Colombia no existen o no operan.

Un primer control es el de la misma rama ejecutiva. La inteligencia no se manda sola. Los inspectores de la Policía son los encargados por ley de realizar una primera supervisión de las actividades de inteligencia, y reportar en la cadena de mando que llega al director de la Policía, al ministro de Defensa y en últimas al presidente, quien nombra y remueve, en ejercicio de un poder vertical que toca a todo el que esté chuzando sin orden judicial.

Como el poder interno no es suficiente porque con frecuencia se tapan con la misma cobija, es importante el control parlamentario. En Colombia, desde abril de 2013, debería estar operando la Comisión Legal de Seguimiento a Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia con congresistas de la oposición que ejercen control político. Pero no. Hundida en un galimatías entre ingenuo y perverso, la Comisión no despega aún, pues no logra ni siquiera que se hagan los exámenes de seguridad y confiabilidad de su personal.

Un tercer control es el técnico. El control de los expertos que conocen los avances de la tecnología, reconocen los peligros de violación a la intimidad e insisten en la protección de las bases de datos personales. En varios países de Europa hay comisiones de seguimiento a la inteligencia con poderes amplios, así como autoridades de protección de datos personales que sabrían reconocer la invasión que conlleva un sistema de hackeo a control remoto como el que probablemente funcionaba cuando el periodista Juan Pablo Barrientos vio que el ratón de su computador se movía solo y borraba un archivo, mientras hacía su investigación sobre los registros inmobiliarios de miembros de la Policía. Pues de esas comisiones no hay nada en Colombia y, para rematar, la ley de protección de datos personales no cobija las bases de datos de inteligencia.

El último control es el judicial, que puede ser previo o posterior. Es previo antes de que la autoridad de inteligencia intercepte comunicaciones, pues sin la orden de un juez no es posible hacerlo. Salvo en caso de urgencia, que se legaliza la chuzada ante un juez dentro de las 24 horas siguientes. Todo miembro de organismos de inteligencia debería tener esto grabado en su frente. Además existe un remedio judicial porque chuzar sin orden de juez es un delito. El problema es que pocos jueces están técnicamente preparados para reconocer la afectación de derechos por nuevas tecnologías, además de que las propias leyes no están actualizadas.

Ni menciono el control disciplinario preferente que está silencioso, ni el de los medios y la sociedad civil que puede ser muy poderoso, pero sí creo que para comenzar el año entrante, habría que apretarle las tuercas a esa rueda suelta que es la Policía.