Madurazo

La Sala Constitucional (SC), cooptada por los gobiernos chavistas desde
hace años, tomó en pocos días dos decisiones que equivalen a la
disolución de la Asamblea Nacional (AN), que es el Poder Legislativo
venezolano y que fue elegida hace poco más de un año y en donde es
mayoritaria la oposición contra Maduro.

La primera decisión prácticamente anuló una de las principales
salvaguardas de la independencia del Poder Legislativo, que viene desde
la llamada “Revolución Gloriosa” en Inglaterra en 1688. Es la “inmunidad
parlamentaria”, que para proteger la libertad de los congresistas,
establece que no podrán ser investigados judicialmente por los votos y
opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones. Pero la SC había
dicho, en meses anteriores, que la AN había incumplido uno de sus
fallos, por lo que estaba en “desacato” y todas sus actuaciones eran
nulas. La SC señaló entonces, en la sentencia 155 del 28 de marzo, que
los integrantes de la AN ya no gozaban de esa garantía, pues no estaban
ejerciendo sus funciones. Y que como hicieron llamados a que la OEA
interviniera en Venezuela, entonces podían estar cometiendo traición.

La segunda sentencia, que fue la 156 del 29 de marzo, señaló que, como
la AN no podía funcionar (precisamente porque la propia SC la ha
declarado en desacato y le ha impedido ejercer sus funciones), entonces
la propia SC asumía las competencias legislativas de la AN, que podía
ejercer directamente o delegarlas en otras autoridades, como el
presidente Maduro.

El gobierno Maduro, por intermedio de la SC, ha disuelto en la práctica
la AN y está amenazando a sus miembros, quienes podrían ser detenidos y
juzgados por traición. Todo el poder quedó entonces concentrado en
Maduro y la SC.

Esta ruptura democrática es muy grave y debe concitar nuestro rechazo y
nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que está sufriendo una
terrible mezcla de autoritarismo, miseria y violencia crecientes. Pero
también debe llevarnos a reflexionar sobre cómo se llegó a esta
situación. Y un factor esencial (no obviamente el único, pero uno muy
importante) fue la erosión de la independencia del Poder Judicial, y en
especial de su SC, que quedaron en manos de los gobiernos chavistas.

Eso no pasó de un día para otro, sino que fue una cooptación progresiva
pero decidida. Y por eso pudo pasar inadvertida para muchos, en
especial en los sectores progresistas, que no vimos la gravedad de lo
que estaba ocurriendo. Los resultados explotan hoy y nos confirman una
enseñanza vieja, resaltada por teóricos como Bobbio, y que sigue siendo
actual: sin independencia judicial no hay Estado de derecho y sin Estado
de derecho no hay democracia genuina. Algo que los colombianos
deberíamos tener presente en este período de renovación de la Corte
Constitucional.