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93% of these women are mothers, 52% are head of household, and many have not finished high school; that is, they are poor women. Although the Peace Agreement contemplated a different criminal treatment for these cases, to date no bill has been filed before Congress.

93% of these women are mothers, 52% are head of household, and many have not finished high school; that is, they are poor women. Although the Peace Agreement contemplated a different criminal treatment for these cases, to date no bill has been filed before Congress.

“Sometimes I say: if I had not come here, my son would not have gotten involved in drug addiction. My other girl would not have had to endure many things that she has had to because she does not have me.” Johana is 37, a single mother of three children serving a 6-year sentence for drug trafficking in the Buen Pastor prison. Pushed by necessity, she ended up working in a supermarket from where she contacted suppliers and drug buyers. Johana faced many pressures that got her into this business. “When you are alone with three children, you cannot say sorry I do not have to feed you, I have no job.”

 

De acuerdo con un estudio de Dejusticia, de cada diez mujeres que se encuentran en prisión, cinco lo están por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres, el 52% son cabeza de hogar, y muchas no han terminado el bachillerato; es decir, se trata en su mayoría de mujeres pobres que tienen a su cargo el cuidado y sostenimiento de sus hijos y que cuentan con pocas oportunidades para ingresar al mercado laboral.

Las apremiantes necesidades convierten a estas mujeres en presa fácil de las organizaciones criminales de drogas. Por lo general, ellas ocupan los eslabones más débiles, así que realizan actividades de baja remuneración pero de alto riesgo. Muchas no cuentan con información sobre las redes delincuenciales para las que trabajan, por lo que si son capturadas no ponen en peligro a las cabezas y pueden ser fácilmente reemplazadas.

Las condiciones de vulnerabilidad de estas mujeres y sus familias se agravan con el encarcelamiento. El cuidado de sus hijos queda a cargo de terceros, lo que los expone a mayores riesgos y rompe los vínculos familiares. Mientras Johana ha estado en la cárcel uno de sus hijos tuvo que ser trasladado al Bienestar Familiar y otro tiene problemas de abuso de drogas. Johana afirma “yo le pido a Dios que cuando salga de aquí no sea demasiado tarde para ellos… lo que más me afecta son mis hijos”.

Una de las principales estrategias de lucha contra las drogas ha sido aumentar el tiempo en prisión para quienes cometan estos delitos y limitar al acceso a penas distintas al encarcelamiento. Estas medidas no han sido efectivas en el desmantelamiento de los mercados ilegales de drogas – en 2015 este negocio obtuvo ganancias por 12.4 billones de pesos y una rentabilidad del 260% – pero sí han generado altos costos individuales y familiares para quienes entran a este negocio por necesidad.

Siguiendo la recomendación de la OEA de buscar alternativas al encarcelamiento para casos como el de Johana, el Gobierno Nacional se comprometió en el Acuerdo Final (Punto 4 – drogas y 6 – implementación), a tramitar urgentemente cambios legislativos para otorgar beneficios penales a “pequeños agricultores que estén o hayan estado involucrados con cultivos de uso ilícito”, así como a “mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares” que hayan sido condenadas por delitos de drogas no violentos (quienes representan el 84% de las mujeres encarceladas por delitos de drogas).

Estos cambios legislativos podrían beneficiar a Johana y a las otras 3.539 mujeres actualmente encarceladas por delitos de drogas. A pesar de que la solución al problema de las drogas es un tema central de la implementación del Acuerdo y que fue establecido expresamente como una prioridad legislativa (punto 6.1.9), a la fecha no se ha radicado ante el Congreso ningún proyecto de ley relacionado con este tema para que sea tramitado vía fast track.

Por fuera del marco de implementación del Acuerdo, se han propuesto iniciativas para solucionar parcialmente esta problemática. El Ministerio de Justicia presentó el proyecto de Ley 148 de 2016 que modifica normas de carácter penal y carcelario. Dentro de las modificaciones propuestas están el otorgamiento de beneficios como la prisión domiciliaria, suspensión de la pena y libertad condicional a mujeres en situaciones similares a la de Johana.

A pesar de contar con ponencia positiva, el trámite de este proyecto ha presentado demoras por las críticas que la inclusión de estos beneficios ha suscitado, particularmente del Fiscal General, quien ha expresado su temor de que las mujeres puedan ser utilizadas para seguir cometiendo crímenes relacionados con el tráfico de drogas.

Si bien es necesario reconocer este riesgo, el reciente aumento del número de mujeres vinculadas a delitos de drogas demuestra que el encarcelamiento no las ha protegido de ser usadas por el narcotráfico y por el contrario ha agravado su situación personal y familiar. Como argumentó Dejusticia y el grupo de trabajo Género en la Paz, el otorgamiento de beneficios penales en casos de delitos menores de drogas no implica que estos dejen de ser castigados, sino que permite alternativas a la prisión que generan menores costos humanos.

Para avanzar en la solución al problema de las drogas y mitigar los daños que ha tenido en los sectores más vulnerables, es urgente que el Gobierno y el Congreso den trámite a propuestas normativas como las consagradas en el proyecto de ley 148 que permite el otorgamiento de estos beneficios penales, en particular que se cumpla con lo pactado en el Acuerdo vía fast track. Paralelamente, es prioritario que el Estado ponga en marcha políticas de prevención para atacar las causas de esta problemática, como son programas de educación, formación para el trabajo, y acceso a créditos para emprendimiento. Las personas involucradas en delitos menores de drogas necesitan más oportunidades y menos cárcel. Mientras tanto Johana se pregunta “¿cómo sería si tuviéramos oportunidades?”.

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