Organized crime against judges

En un Estado donde los jueces son asesinados por el crimen organizado y los perpetradores ni siquiera se esconden, la independencia judicial está en vilo y se revela su incapacidad de protegerlos, enviando un mensaje de desamparo frente a quienes deben adoptar decisiones complejas

En un escenario en el que su vida llega a pender de un hilo ?y quizá las de sus familias también?, es posible que algunos de ellos eviten los casos de crimen organizado, se declaren impedidos o adopten decisiones menos contundentes.

Además, dicho Estado envía una señal equivocada en la lucha efectiva contra la impunidad y por la prevención del delito, dando de una imagen difícil de desmontar: Que no hay forma de combatir y juzgar a la delincuencia organizada, lo cual causa no solo que la ciudadanía esté menos convencida de colaborar con las autoridades (prestar testimonio, brindar información o denunciar), sino una cultura en la que se considera que la delincuencia organizada es «intocable».

Como si fuera poco, tal situación propicia políticas de «mano dura», reactivas y populistas, que deterioraran la garantía de los derechos y es aprovechada para que algunos «pesquen en río revuelto»: Se aprueban leyes que endurecen penas, se propone sacar el ejército a la calle y militarizar a la policía, y se detiene para investigar, en vez de que investigar antes de detener.

En suma, el asesinato de jueces es un delito muy grave, que debe ser investigado y sancionado, algo fundamental para preservar la independencia judicial y, particularmente, la imparcialidad en casos concretos. La justicia debe estar a la altura de este reto, investigar y sancionar severamente a la delincuencia organizada, enviando la señal de «cero impunidad».

Las instituciones públicas deben proteger a los jueces, pues en un Estado democrático el sistema judicial tiene que ser robusto, confiable y eficaz, lo que será imposible de lograr si aquellos son asesinados por la delincuencia organizada a la que deben juzgar y condenar.