Pandora’s box?

¿O las de miles de ejecuciones extrajudiciales y de desaparecidos del
país? La clave para responder muchas de estas preguntas podría reposar
en archivos secretos que guarda celosamente nuestra Fuerza Pública y
acceder a ellos es una condición previa para comprender e interpretar
nuestra violencia y poder transformar el país.

Sin embargo, la historia comparada no ha hecho sino demostrarnos que a
estos archivos no se llega fácilmente. Por ejemplo, en Sudáfrica, para
mantener ocultos los secretos más oscuros del estado del apartheid,
se destruyeron toneladas de archivos. Por esto, cuando logramos conocer
información sobre la policía secreta, se lo debemos más bien a
filtraciones. Así pasó en Guatemala, donde gracias a una alerta de unos
vecinos que pedían retirar explosivos de un lugar, se encontraron 80
millones de folios del archivo de la policía de ese país que sirvió para
probar desapariciones forzadas. También por azar apareció el Diario Militar de Guatemala, que fue vendido por la módica suma de US$3.000, o el Libro Amarillo de El Salvador, ambos con listados de personas detenidas, torturadas y asesinadas por la policía de seguridad.

Sin información no se puede hacer nada en la transición. Y los archivos
de inteligencia contienen mucha. Gracias a ellos se obtiene verdad
judicial y extrajudicial. Con la primera se sabrán las circunstancias en
que ocurren los hechos en un caso concreto, aportando justicia a las
víctimas y definiendo responsabilidades individuales en la cadena de
mando. Con la segunda se aclaran las violaciones a derechos humanos y se
entiende el contexto histórico, para contribuir a la verdad colectiva y
a la memoria histórica con narrativas globales que encontramos en
periódicos y museos. También ayuda esta información a reparar a las
víctimas, no sólo con indemnizaciones justas, sino porque las libera de
incertidumbre o de mala reputación, y a los victimarios, porque en
ocasiones ayuda a aclarar sus motivaciones. Finalmente, la verdad
contenida en los archivos es una forma de identificar las reformas
institucionales que será necesario implementar, para que cambiemos y se
den las garantías de no repetición.

El problema es sencillo. En los acuerdos de paz no hay ninguna fórmula
para que los militares o la guerrilla se encuentren obligados a mostrar
su interior. Entonces tenemos que usar las reglas existentes, en las que
hay una tensión entre las normas de inteligencia y de transparencia. La
Fuerza Pública interpreta de forma parcial la ley de inteligencia para
proteger toda su información y olvida que, según una interpretación
armónica, lógica y sistémica, debe motivar y explicar cuándo no se
quiere entregar cierta información. Además, es clave desclasificar
archivos secretos extranjeros de las mismas épocas y promover nueva
normativa que garantice mayor apertura y proteja los archivos existentes
bajo una prohibición de destrucción de mínimo diez años en los que se
estudie lo que se protege y lo que no. Así lo propuso Dejusticia en la
colección Ideas para construir la paz, que acaba de presentar
esta semana: si la inteligencia abre su pasado, puede contribuir a
transformar las violencias y consolidar la paz.

Nota. Hay nueva prueba de los conflictos del fiscal…
el concepto que firmó su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán el 23 de
julio de 2015 a Navelena desde la firma MNA-Martínez Abogados. ¿Qué más
necesita el fiscal para declararse impedido en Odebrecht?