Peace, Black Folks, and Indigenous Peoples

En un hecho sin precedentes y largamente adeudado, las Farc reconocieron y condenaron desde Cuba que una de sus columnas móviles asesinó hace unas semanas a Genaro García, uno de los líderes más importantes del movimiento negro del Pacífico. Con ello avalaron las denuncias de las comunidades y organizaciones afros, que llevan 15 años mostrando que la guerrilla, los paramilitares, las Bacrim y un buen número de colonos, palmeros y mineros, las vienen desplazando y amedrentando por ejercer sus derechos sobre los territorios colectivos reconocidos por la Constitución y la ley 70 de 1993.

La calamidad de las comunidades negras es que su proyecto de vida —administrar colectivamente los cinco millones de hectáreas que les fueron tituladas y emprender en ellos economías propias de agricultura, pesca, minería artesanal y otras actividades— choca directamente con los planes que tienen otros para esas tierras. Va en contravía de los títulos mineros irregulares y las concesiones de palma promovidos durante el gobierno Uribe. Se interpone a la locomotora minera del actual, que declaró parte de esos territorios zona estratégica minera. Y se cruza con las rutas del narcotráfico y la minería ilegal que disputan las Farc y las Bacrim en zonas como las del Alto Mira y Frontera, el consejo comunitario cercano a Tumaco que representaba Genaro García y que desde 1998 ha visto caer asesinados a cuatro líderes por oponerse a la coca y la palma.

A la guerra alimentada por estos proyectos, que han hecho de Tumaco la ciudad más violenta del país, los consejos comunitarios y las organizaciones negras respondieron con uno de paz. Mucho antes de la mesa de La Habana, estaban embarcados en la tarea de resistir inermes a los grupos armados y restaurar cultivos ancestrales como el cacao en territorios tapizados de coca. En propuestas de paz similares han estado los pueblos y organizaciones indígenas, desde los nasa en el Cauca hasta los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por eso los indígenas y los afros le han apostado al diálogo entre el Gobierno y las Farc y deben tener un lugar central en la paz. No sólo como víctimas en el proceso de justicia transicional, sino como artífices de los planes de paz territorial que le darían contenido al posconflicto. Habría que comenzar por escucharlos en La Habana y retomar las reformas derivadas de la Constitución de 1991, suspendidas por la falta de voluntad de los gobiernos y las contrarreformas de los violentos. Por ejemplo, un eventual acuerdo entre el gobierno y las Farc debería comprometerse a que el Congreso o un eventual “congresito” termine de desarrollar la ley 70 de 1993, como lo vienen pidiendo las comunidades negras hace dos décadas.

Ese sí sería un reconocimiento de la causa por la que Genaro García y muchos otros entregaron su vida.

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