Peru’s Two Faces

Mientras en la Cumbre de Cambio Climático que se lleva a cabo aquí en la capital peruana (COP 20), el Ministro de Ambiente Manuel Pulgar reconoce frente a cientos de delegaciones internacionales que los pueblos indígenas tienen un papel central en la protección del ambiente, al interior del país el gobierno adopta medidas que amenazan la riqueza ambiental y desprotegen a los pueblos indígenas.

1. La desprotección del ambiente:

En materia ambiental, Perú promulgó recientemente la Ley 30230 conocida como “el paquetazo ambiental.” La nueva ley recortó la facultad del Ministerio de Ambiente de crear áreas naturales protegidas, como los parques nacionales. Estas áreas son una herramienta reconocida para frenar la deforestación y las emisiones. Por su naturaleza, lo lógico es que sean las autoridades ambientales de un país las que definan su creación con base en criterios de biológicos, culturales, paisajísticos y científicos. Hasta este año, el encargado en Perú era el Ministerio de Ambiente. Pero la nueva Ley 20230 redujo el protagonismo de la autoridad ambiental y aumentó el papel de decisión de otros ministerios como el de energía y minas. “Ahora la decisión la debe tomar el Consejo de Ministros donde el de Ambiente es uno más entre los 18 Ministros” explica Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal.

En esta contradicción Perú no está solo. Como lo contó este medio, en agosto Colombia circuló un proyecto que establecía que la creación de nuevas áreas protegidas se definiría en conjunto con el Ministerio de Minas. Estas medidas, que aumentan el proceso burocrático y reducen el protagonismo de la autoridad ambiental, corren el riesgo de frenar la creación de nuevas áreas y así la protección de zonas con gran riqueza natural.

Por el otro lado, mientras aumentan los problemas ambientales y se descubren más casos de contaminación, la nueva ley limitó las facultades fiscalizadoras del Estado. Con el paquetazo se redujo la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y se disminuyeron sus fuentes de financiamiento. Antes de la norma, la OEFA estaba haciendo su labor al por ejemplo imponer en 2013 dos multas a Pluspetrol, una por haber desaparecido una laguna y la otra por derrames en la Selva Norte. Con este cambio el gobierno peruano dejó sin dientes a la OEFA y así mostró que el compromiso con el ambiente tiene límites en la política doméstica.

2. La falta de titulación a los pueblos étnicos:

La titulación colectiva a las comunidades étnicas tiene dos efectos: protege los derechos territoriales de los pueblos y contribuye a combatir el cambio climático. En un evento en Lima organizado por AIDESEP y el Forest Peoples Progamme Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, comentó que en el mundo “a los pueblos indígenas les han reconocido propiedad sobre 615 millones de hectáreas que han evitado la emisión de 38 billones de toneladas de carbón”.

Según cifras del Instituto del Bien Común, en Perú viven 8413 comunidades campesinas y 2006 comunidades nativas. Sin embargo, no todas cuentan con la protección legal de sus territorios, como lo muestra la siguiente tabla.

Comunidades
Número de Comunidades
Porcentaje de comunidades sin título
Campesinas (Sierra y Costa)

Originarias
6013
16%
Rivereñas
2400
98%
Nativas (Amazonía)
2006
33%

La falta de titulación por parte del gobierno peruano pone en riesgo la supervivencia de los pueblos étnicos y facilita que empresas se apropien de estos espacios para explotar los recursos naturales. Como le contó una líder indígena peruana a la Relatora de Indígenas de la ONU “antes de la llegada de los proyectos extractivos, no necesitábamos de la titulación porque sabíamos cuál era nuestro territorio, con la llegada de las empresas la necesitamos porque ellas no nos respetan”.

3. La falta de protección del derecho a la consulta previa:

En la COP Perú ha presentado el derecho a la participación como uno de los pilares de la discusión sobre cambio climático. Sin embargo, en el ámbito local, ignora a los pueblos étnicos y otorga licencias de explotación de recursos naturales.

De acuerdo a Ruiz, el abogado del IDL, Perú otorga entre 5000 y 8000 concesiones mineras por año, de las cuales ninguna ha sido consultada con los pueblos nativos, ni campesinos. En el caso del petróleo sólo dos proyectos han sido consultados. Esto muestra una vez más que Perú predica frente a la comunidad internacional y no aplica a nivel interno.