Recognizing the Truth

La semana pasada Zainab Hawa Bangura, la Representante Especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos armados, tras finalizar su visita al país, hizo un llamado enfático al gobierno colombiano y a todas las partes del conflicto a reconocer los crímenes de violencia sexual y abordar explícitamente los asuntos de género en las negociaciones de paz.

En Colombia, las víctimas de violencia sexual y más aún, de aquella que ocurre con ocasión del conflicto armado, son presas del silencio. Los índices de subregistro de la violencia sexual en el conflicto y los niveles de impunidad en la sanción de estas conductas son tan altos –alrededor del 98%-, que prácticamente no existen garantías de acceso a la justicia para las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas.

Este silencio también es característico de las partes del conflicto armado colombiano, quienes han sido reacias al reconocimiento de la violencia sexual en este contexto. En los procesos de justicia y paz, los paramilitares en muchos casos, guardaron silencio o confesaron muy pocos de estos delitos. En la mesa de negociaciones, inicialmente las FARC se negaron a reconocer la comisión de estos crímenes dentro y fuera de sus filas y, por su parte, las Fuerzas Armadas reconocen la comisión de algunas de estas conductas pero solo como hechos aislados, todos ellos ignorando la sistematicidad de estos crímenes en el conflicto armado. 

La participación de las víctimas de violencia sexual en La Habana, el reconocimiento genérico de estos crímenes como un arma de guerra y la creación de la subcomisión de género (que, entre otros, debería abordar esta cuestión), constituyen los primeros avances para posicionar los derechos de las víctimas de estos crímenes, lograr que sus voces sean escuchadas y tenidas en cuenta en el largo proceso de lograr la paz.

Es por esto que el llamado que hace Bangura es especialmente importante en el momento actual de negociación. Más allá de las declaraciones generales que se han hecho de la violencia sexual como arma de guerra y que podrían constituir crímenes de guerra o de lesa humanidad, las partes deben realizar un reconocimiento explícito de su responsabilidad en la comisión de estos delitos. Sólo de esta forma se darían pasos contundentes hacia la garantía de los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas. De lo contrario, la anhelada paz no será más que un espejismo.

La verdad y la justicia, aunque no se sustituyen la una a la otra, sí se encuentran estrechamente relacionadas. Así, la verdad también hace su parte en la justicia. Que se empiece a reconocer por todos los actores involucrados la comisión de delitos de violencia sexual y la magnitud de los mismos, hace evidente la necesidad de que el Estado adopte estrategias para garantizar el acceso a la justicia por igual de todas las víctimas de estos crímenes, sin importar si el autor fue un agente estatal o no estatal. El caso de El Oso, quien fue excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz por negarse a reconocer su responsabilidad en hechos de violencia sexual cometidos en Sucre, es un ejemplo de la importancia que debe darse al reconocimiento de estos crímenes y las consecuencias perjudiciales para los actores armados de no hacerlo.

En febrero, el Presidente Santos, luego de su encuentro con víctimas de estos crímenes y algunas Nobeles de Paz en Cartagena, anunció que la violencia sexual iba a ser abordada en la mesa de negociaciones. Esperemos que el próximo paso sea que en la mesa principal de negociaciones, con los aportes que realice la subcomisión de género, se acuerden mecanismos que garanticen los derechos de todas las víctimas del conflicto y de la sociedad en general. En el caso de las víctimas de violencia sexual, el desarrollo de estos mecanismos debe partir del reconocimiento de las partes sobre su responsabilidad en estos crímenes, pues la verdad y la justicia sólo pueden alcanzarse rompiendo el silencio.