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The number that concerns me the most from the opinion poll “Colombia Opina’ is the 83% of compatriots that propose to disobey the decision of the International Court of Justice (ICJ).

The number that concerns me the most from the opinion poll “Colombia Opina’ is the 83% of compatriots that propose to disobey the decision of the International Court of Justice (ICJ).

La cifra que más me inquieta de la encuesta Colombia Opina es el 83% de compatriotas que proponen desacatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Son las declaraciones de Santos y de Uribe (no la lectura del fallo) lo que provoca semejante indignación popular. Nada más fácil y más rentable para un político que encender la chispa del honor nacional cuando el supuesto victimario (Daniel Ortega) es un aliado cercano de quien es probablemente el personaje más impopular en Colombia: Hugo Chávez.
Pero lo rentable en política no siempre es lo conveniente en la práctica y creo que éste es uno de esos casos. Doy sólo tres razones.
Primera: la actitud reactiva del Gobierno es inconveniente para nuestra política exterior. Despotricar de los jueces de La Haya y obtener aplausos por ello es algo fácil de hacer aquí, en Colombia, donde el patriotismo ramplón es maleza. Otra cosa es convencer a la audiencia mundial de que la decisión de La Haya es una afrenta contra Colombia y de que en ese fallo el derecho le dio la espalda a la justicia. Eso jamás lo logrará Santos con la indignación uribista que ahora muestra. Todo lo contrario, vamos a dilapidar la poca fama de país cumplidor del derecho que, a propósito, nos quedó después del mandato de Álvaro Uribe (ver columna de Juan Tokatlian, http://bit.ly/YqloPD).
Segunda: los amagos de desacato del Gobierno ponen en peligro el proceso de paz con las Farc, no sólo porque propician una eventual alianza entre Chávez y Ortega, sino porque entre La Haya y La Habana hay vasos comunicantes: los aires de desacato avivan el espíritu guerrero, lo cual hace que la sociedad esté menos dispuesta a hacer los sacrificios (reformas estructurales, perdones, olvidos, apertura democrática, etc.) que se deben hacer para conseguir la paz.
¿Ha sopesado seriamente el Gobierno el escenario, remoto pero posible (y escalofriante), de un fracaso del proceso de paz, agravado por una confrontación bélica con Venezuela y Nicaragua?
Tercera: la riqueza de los países no sólo se mide por cosas materiales como la infraestructura, los recursos naturales o el dinero en la bolsa; también se mide por cosas intangibles como la cohesión ciudadana, el capital social y la cultura del respeto por la ley. Esa cultura se ha deteriorado con la descalificación de la CIJ. Cuando un presidente desobedece a los jueces que fallan en su contra, los ciudadanos encuentran buenas razones para hacer lo mismo con el presidente.
Es cierto que hay fallos despóticos (vías de hecho terribles) que podrían justificar el desacato; pero resulta a todas luces infundado decir que los quince jueces de La Haya, mundialmente reconocidos y que, en este caso, decidieron de manera unánime, emitieron uno de esos fallos.
Si los riesgos del desacato son tan grandes, ¿cómo es posible que un tipo moderado como Santos adopte esas ínfulas uribistas de caudillo del “Estado de opinión”? Supongo que la estrategia santista consistió en ganarse la audiencia nacional (en detrimento de la audiencia internacional) con el objeto de neutralizar a Uribe. Desafortunadamente, lo que muestra la encuesta Colombia Opina es que tal estrategia no funcionó y que, en las últimas dos semanas, Santos perdió buena parte de la popularidad que tenía.
Eurípides, el poeta griego, decía que “el verdadero coraje es la prudencia”. A mí me parece que a Santos le faltó coraje para enfrentar al pueblo colombiano con la realidad del fallo de La Haya. Atrapado entre la izquierda y la derecha, Santos prefirió neutralizar a Uribe adoptando su discurso camorrista, pero lo que consiguió fue fortalecerlo. Mientras tanto los liberales (¡ay!, los liberales), sus aliados naturales, votaban por el procurador.

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