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Opposition groups that disagree with the peace process pledged to “lash out” in the new legislature against Santos-issued fast-track decrees. The next debate will center around the inventory of FARC assets.

Opposition groups that disagree with the peace process pledged to “lash out” in the new legislature against Santos-issued fast-track decrees. The next debate will center around the inventory of FARC assets.

As part of the commitments made under the Final Peace Agreement, on 1 August, the FARC must deliver the inventory of its assets. Since the renegotiation of the Agreement in October and November, this has been one of the most hotly debated issues. Among those who opposed the peace process, this is a key point. According to them, the FARC are “the greatest drug traffickers in the world”, an affirmation that has been refuted on repeated occasions.

 

Tras la puesta en marcha de los protocolos de desarme y desmovilizaciĆ³n de la guerrilla, los esfuerzos por inventariar los bienes estĆ”n en el centro del proceso de las zonas verdales. Al punto que en el Decreto-Ley 903 del pasado 29 de mayo se condicionĆ³ la certificaciĆ³n de la finalizaciĆ³n de toda actividad Ć­licita de las FARC, a la entrega del inventario de sus bienes. ā€œCon dicho acto se entenderĆ” plenamente concluida la dejaciĆ³n de armas y la terminaciĆ³n de todas las actividades y conductas propias del conflicto internoā€, establece el Decreto.

Este Decreto ademĆ”s de la realizaciĆ³n de un inventario contempla la creaciĆ³n de un Fondo de VĆ­ctimas que serĆ” alimentado con estos bienes. Adicionalmente, prevĆ© que parte de la financiaciĆ³n del proceso de reincorporaciĆ³n econĆ³mica de los excombatientes se dĆ© con esos activos, uno de los aspectos que mĆ”s polĆ©mica ha levantado.

 

Las principales crĆ­ticas al Decreto sobre bienes de las FARC

Los grupos de oposiciĆ³n a la polĆ­tica de paz del Estado presentarĆ”n un proyecto de Ley que reforme este Decreto con el Ć”nimo de cambiar al menos tres puntos:

-Piden que los bienes sean exclusivamente destinados a las vĆ­ctimas.

-Proponen que la sanciĆ³n por no entregar bienes sea la expulsiĆ³n de la JEP.

-Y aspiran que el control del Fondo lo haga una comisiĆ³n del Congreso.

Algunas de estas propuestas tienen que ser debatidas a profundidad, en particular sobre la divisiĆ³n de los recursos que serĆ”n destinados a las vĆ­ctimas y a los reincorporados. El postconflicto exige que haya recursos para la reparaciĆ³n integral pero debe abonar esfuerzos para la reincorporaciĆ³n a la vida ciudadana de quienes han estado aƱos en la guerra. El Punto 3.2.2 del Acuerdo de Paz es extenso en este tipo de medidas e incluye desde planes de reincorporaciĆ³n econĆ³mica para excombatientes y programas para los menores desvinculados, hasta la puesta en marcha de centros de pensamiento del nuevo partido de las FARC.

De ahĆ­ que se deba especificar si es congruente con la polĆ­tica de paz costear estas polĆ­ticas con los bienes y activos de las FARC. Y, de ser asĆ­, se proceda a determinar cuĆ”les de las medidas serĆ”n financiadas con parte de los recursos inventariados, despejando dudas sobre la destinaciĆ³n de esos activos.

Otras propuestas no tienen asidero. Pedir que se expulse a los guerrilleros de la JEP es repetir lo que hemos sufrido en el pasado al tener en diferentes escenarios judiciales a los perpetradores. La JEP mantiene la competencia sobre todos los victimarios de graves violaciones para no fragmentar las investigaciones sobre el conflicto. Si existe incumplimiento de las condiciones por algĆŗn posible beneficiario, como lo es no entregar bienes, la JEP le impone penas de hasta 20 aƱos de prisiĆ³n.

Por otro lado, sobre la administraciĆ³n del Fondo de VĆ­ctimas por parte del Congreso y no del Ejecutivo no existe evidencia empĆ­rica que diga que ofrece mejores garantĆ­as para la reparaciĆ³n integral, en cambio sĆ­ existen ejemplos del mal uso que el legislativo le ha dado a los bienes que administra. Valga recordar el escĆ”ndalo por el uso indebido del parque automotor del Congreso que saliĆ³ el aƱo pasado.

 

ĀæQuĆ© dice el Decreto sobre bienes de las FARC?

Se prevĆ© que las FARC entreguen una referencia de sus bienes y activos para que estos pasen a un Fondo encargado a la reparaciĆ³n de las vĆ­ctimas del conflicto armado y, en cierta medida, a la financiaciĆ³n de la reincorporaciĆ³n econĆ³mica y social de los excombatientes (Punto 3.2.2 del Acuerdo) entre ellos los menores de edad. Todo este procedimiento se harĆ” bajo el monitoreo de la MisiĆ³n de la ONU y el Mecanismo de Monitoreo y VerificaciĆ³n del Acuerdo de Paz. El Fondo serĆ” administrado por una entidad del Estado definida por el Gobierno. El Fondo que existe en la actualidad para la ReparaciĆ³n de las VĆ­ctimas estĆ” en cabeza de la Unidad para las VĆ­ctimas.

Por regla general los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilĆ­cito o testaferrato que hayan sido cometidos sobre los bienes inventariados serĆ”n competencia de la JurisdicciĆ³n Especial para la Paz, JEP (Art. 5 A.L. 01 de 2015). Y cuando estos se hayan cometido sobre bienes que no sean inventariados serĆ”n de competencia de la Justicia Ordinaria, es decir la FiscalĆ­a deberĆ” perseguir esos delitos si se ejecutan despuĆ©s del inventario.

Este Decreto, entonces, da un paso adelante en la idea de materializar recursos efectivos para la reparaciĆ³n de las vĆ­ctimas y la reintegraciĆ³n de excombatientes, principalmente aquellos que pueden ser dirigidos a programas para menores de edad desvinculados, vĆ­ctimas de reclutamiento. A diferencia de lo sucedido en el proceso con los grupos paramilitares se espera que con este inventario haya una mayor contribuciĆ³n del victimario al Fondo de VĆ­ctimas.

En justicia y paz, segĆŗn revelĆ³ recientemente la ContralorĆ­a, estas sentencias han tenido unos costos cercanos a los 80.000 millones de pesos de los cuales sĆ³lo el 6% de los recursos vino del bolsillo de los paramilitares. Adicionalmente, como contĆ³ El Tiempo, del total de bienes que identificĆ³ la FiscalĆ­a, los paramilitares solo ofrecieron el 24%, por lo que los fiscales debieron acudir a diferentes estrategias para tratar de perseguirlos con resultados insatisfactorios. Esto demuestra que contar con un inventario de biene desde el inicio del proceso es determinante si se quiere un aporte sustancial de los victimarios a la reparaciĆ³n.

Entonces si bien las modificaciones del Decreto presentadas por los grupos de oposiciĆ³n a la polĆ­tica de paz merecen atenciĆ³n, lo cierto es que la mayorĆ­a de propuestas no son sostenibles y, al parecer, tendrĆ­an el objetivo mĆ”s certero de retrasar la discusiĆ³n de las leyes del Acuerdo de Paz que debe debatir el Congreso. AsĆ­, de a poco, esperarĆ­an quitarle posibilidades de Ć©xito al fast-track.

IlustraciĆ³n: Vice-StaffĀ http://pacifista.co/los-bienes-de-las-farc-una-prueba-de-fuego-para-el-fast-track/

Of interest:Ā FARC / Proceso de paz

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