The Domesday Book

Guillermo I era el Duque de Normandía y había ocupado el trono inglés en 1066, después de haber invadido Inglaterra y haber derrotado al último rey anglosajón, por lo cual se le conoce como “Guillermo el Conquistador”.

Veinte años después de ser coronado, Guillermo I decidió hacer un censo de todas las propiedades rurales, con el fin de saber cuál señor feudal ocupaba cada pedazo de tierra, cuánta riqueza tenía —como ganado y otras propiedades—, quiénes más vivían en ese lugar, etc. Los historiadores aún discuten sobre cuál fue la razón esencial que llevó a Guillermo I a esa empresa pero es razonable suponer que buscó consolidar el poder monárquico. Ese censo le permitiría no sólo tener mejor información para manejar mejor su reino sino que además le posibilitaría determinar los tributos que le debían los señores feudales y las cargas militares que les podría imponer.

Guillermo I ordenó entonces a sus funcionarios que fueran a todos los condados de Inglaterra, incluso los más remotos, a realizar esas indagaciones, que debían además documentar por escrito. La labor fue desarrollada muy rápidamente, al punto de que en pocos meses, en 1086, el libro que compilaba esa información estaba listo. Y más importante aún, el trabajo fue realizado con tal rigor y ganó tal respeto, que décadas después el libro empezó a ser conocido como el “libro del juicio final” (“Domesday Book”). Así como en el juicio final, las sentencias de Cristo son consideradas inapelables e incontrovertibles, se consideró que las sentencias y decisiones basadas en la información contenida en el “Domesday Book” tenían el mismo carácter: incontrovertibles e inapelables.

Hoy sabemos que el “Domesday Book” tiene imprecisiones y vacíos pero en perspectiva histórica es una obra asombrosamente rigurosa y completa. La monarquía inglesa contó entonces, desde épocas muy tempranas, con un censo poblacional y un catastro rural confiables. El rey inglés pudo así conocer bien la situación en los territorios y logró que sus vasallos tributaran, en proporción a su riqueza, con lo cual tuvo una administración con más recursos económicos y mejores conocimientos que el resto de las monarquías medievales.

Mientras que Inglaterra en el siglo XI ya contaba con un catastro rural riguroso, nuestra Colombia del Siglo XXI carece de él. El Conpes 3852 de diciembre del año pasado reconoció que 58% de los predios rurales carecen de un catastro actualizado. ¿Podemos entonces extrañarnos de la incapacidad del Estado colombiano para hacer presencia en los territorios y para lograr que los propietarios rurales tributen adecuadamente? ¿No debería entonces volverse un propósito nacional que consolidemos nuestro catastro rural y que logremos tener nuestro “libro del juicio final” en materia tributaria?