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There’s a German saying that goes: “when foxes preach, be careful with your geese.”

There’s a German saying that goes: “when foxes preach, be careful with your geese.”

El refrán aconseja poner atención en las cosas prácticas en lugar de extasiarse con los discursos pomposos. En Colombia desconocemos esta exhortación: nos embelesamos con las proclamaciones generales y desatendemos la letra menuda que las reglamenta. En ese descuido perdemos todo. Eso es justamente lo que está pasando con la institucionalidad que va a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura.

El país estuvo más de un año debatiendo la reforma al equilibrio de poderes. Todo el mundo estaba de acuerdo en que el Consejo Superior de la Judicatura estaba compuesto, salvo contadas excepciones, por magistrados mediocres, clientelistas y sin conocimientos de gerencia pública. Por eso se decidió suprimirlo y en su lugar crear dos órganos: la Gerencia Judicial y el Consejo de Gobierno Judicial.

Sobre este último organismo, la reforma dice lo siguiente: el Consejo se encarga de definir las políticas de la Rama, hacer las listas de los candidatos a la Corte Suprema y al Consejo de Estado, expedir el reglamento de carrera judicial y definir la estructura de la Gerencia, entre otras. El Consejo está conformado por los presidentes de las tres altas cortes, por el representante de los empleados de la justicia, por el representante de los jueces y por el gerente de la Rama.

Hasta aquí el discurso. Pero miren lo que está pasando con su implementación. En los meses pasados tuvieron lugar, calladamente, las elecciones del representante de los empleados y de los jueces. De los dos nuevos funcionarios, al menos uno deja mucho que desear. Me refiero a Vicente de Santis, representante de los jueces; un magistrado sin brillo y elegido con una votación atípica (el 80% de los votos), aparentemente orquestada por una coalición de jueces y magistrados empeñados en defender las mieles del corporativismo judicial en el interior de la Rama.

La semana próxima serán elegidos los funcionarios restantes del Consejo de Gobierno. Esta elección se hace a partir de una lista de candidatos inscritos y está a cargo de los tres presidentes de las altas cortes más los dos representantes de jueces y empleados. Pero la cosa sigue pintando mal: las hojas de vida de los participantes no han sido publicadas todavía; sólo se conocen los nombres y algunos datos mínimos sobre su trayectoria difundidos por La Silla Vacía. Salvo contadísimas excepciones, las calidades de los aspirantes son claramente insuficientes para ocupar estos cargos. A esto se suma que la audiencia pública en donde se debatirán las cualidades de los candidatos está prevista para el día mismo de la elección, lo cual anula el sentido de esa audiencia.

Así las cosas, es muy posible que las consabidas fuerzas judiciales mediocres y clientelistas (dos condiciones que se atraen como imanes en este país) y contra las cuales, a propósito, se hizo la reforma, logren hacer mayoría en el nuevo Consejo de Gobierno. Peor aún, muchos conocedores del tema sostienen que el remedio será peor que la enfermedad, es decir, que el Consejo de Gobierno puede ser incluso peor que el Consejo Superior de la Judicatura.

Esta es una prueba más de que las reformas legales se malogran cuando los medios y la sociedad civil se desentienden de su reglamentación. Para ponerlo en los términos del proverbio alemán, es ahí justamente, en ese descuido, cuando el zorro acecha. Yo mismo, que escribí varias veces alertando sobre los peligros del corporativismo y la falta de transparencia en la justicia, creo estar reaccionando demasiado tarde con esta columna.

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