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29 years after the facts, the Inter-American Court of Human Rights released a sentence in which it found the Colombian State responsible for the military operation for the retaking of the Courthouse.

29 years after the facts, the Inter-American Court of Human Rights released a sentence in which it found the Colombian State responsible for the military operation for the retaking of the Courthouse.

Para la Corte existió un patrón del Estado para torturar y desaparecer a los sospechosos de ser guerrilleros y condenó al Estado por la detención y desaparición de 11 personas, entre otras violaciones.

Las respuestas a esta sentencia fueron las ya típicas. Algunos defendieron la importancia histórica del fallo frente a la negación oficial de los desaparecidos que aún hoy subsiste en parte del Estado. Para otros, no fue más que otra muestra de una corte ideologizada que atenta contra la soberanía del país y el buen nombre de las Fuerzas Armadas. Un tercer grupo salió lanza en ristre contra la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, achacando la “derrota” a sus abogados.

La polarización que todavía genera este caso es una muestra de nuestros retos sobre cómo entender el conflicto y sobre cómo construir una cultura de paz. Pero, al mismo tiempo, por su significado histórico, el caso podría verse como una oportunidad para avanzar en ellos, al menos en tres puntos.

Primero, para romper el pacto de silencio de un importante sector del establecimiento colombiano, principalmente en las Fuerzas Armadas. Las sentencias judiciales hacen ya imposible seguir negando los hechos. Casos como este podrían impulsar a que se tomen en serio medidas de justicia transicional para militares, siempre y cuando se comprometan de manera decidida con el esclarecimiento de los hechos y la develación de las estructuras que permitieron que las violaciones se perpetraran desde la propia institucionalidad y que permiten que hoy en día sigan en la impunidad.

Segundo, para continuar en la profesionalización de una representación internacional civil del Estado en procesos judiciales. En una democracia, representar al Estado no necesariamente debe significar “ganar los casos” negando la verdad. Menos significa defender ciertos intereses o individuos a costa del propio Estado. Este caso empezó con una defensa eminentemente militar y no como una representación de Estado. La sentencia muestra que el escándalo que esta absurda posición produjo logró que la Agencia de Defensa alcanzara a hacer control de daños y rectificara parte del camino, pero de manera tardía y parcial.

Finalmente, para avanzar en el cumplimiento de estas sentencias en un horizonte de reconciliación a través de la institucionalidad creada para las víctimas. La sentencia trae una serie de órdenes al Estado que deberían ser lideradas por el Centro de Memoria Histórica y por la Unidad de Víctimas, los cuales deben fortalecerse para convertirse en los órganos especializados para estos temas. Con esto se cumple el propósito de unificar la atención de las víctimas, generar confianza a partir de instituciones más cercanas a ellas y agilizar el cumplimiento de estas sentencias, que suele ser largo y tortuoso. Es bajo la dirección y asesoría de estos órganos especializados que deben pronunciarse las figuras políticas, como el ministro del Interior y el propio presidente. Con esto se evitaría repetir hechos lamentables como cuando Santos, a partir de una condena penal por estos hechos, salió a pedirle perdón al expresidente Betancur en lugar de hacerlo a las víctimas.

El recuerdo del Palacio de Justicia puede seguir siendo un símbolo de la guerra, la impunidad y la polarización, o puede convertirse en un ejemplo de transformación social y política. La oportunidad está servida.

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