The paper-made-Colombia

Este país ha sido concebido e imaginado a partir de las laderas de las montañas de los Andes. Desde allí, las élites políticas han gobernado, cómodamente, sin saber muy bien lo que pasa en las tierras bajas que rodean las tres cordilleras nacionales; igualito a como, hace tres siglos, lo hacían desde Madrid las autoridades imperiales españolas que administraban estos territorios coloniales.

Para no tener que ir a esas tierras lejanas (hirvientes e insalubres), las élites andinas delegaron su poder en curas, tinterillos y gamonales que no rendían cuentas y que mandaban a sus anchas, como pequeños virreyes. Este arreglo funcionó más o menos bien (o más o menos mal) hasta hace unas tres décadas, cuando la guerrilla y los paramilitares, aprovechando el vacío de poder, empezaron a reemplazar al Estado.
Ante la captura masiva de las instituciones municipales por parte de estas organizaciones, y en medio del nuevo modelo económico minero (ubicado en esa periferia), desde hace algunos años las élites andinas empezaron, por fin, a preocuparse. Y no es para menos.
En una investigación hecha en Dejusticia y próxima a ser publicada, se mide la presencia del Estado en el territorio a partir de un índice de capacidad institucional municipal. Se detectan 213 municipios en donde el Estado sólo está presente de manera nominal y en donde buena parte de la población vive en una especie de estado de vulnerabilidad permanente (como el que imaginaba Thomas Hobbes) a merced de criminales de todos los pelambres. Dado que esos colombianos carecen del más mínimo amparo institucional (del derecho básico a vivir bajo la protección del Estado), en esta investigación se sugiere que la Corte Constitucional podría declarar el “estado de cosas inconstitucional” en buena parte de esos territorios, tal como lo ha hecho con los desplazados, los presos y los pensionados, entre otros.
No obstante esta situación de abandono, las autoridades andinas no se cansan de repetir que “en este país no hay territorio vedado para la Fuerza Pública”. Eso dijo esta semana el comandante de la Policía de Bogotá, Luis Martínez, luego de entrar con sus hombres al Bronx, un barrio de Bogotá, dominado desde hace años por la delincuencia, a cuatro cuadras del Palacio de Nariño.
A propósito de territorios periféricos que se nos salen de las manos, yo también lamento la pérdida de una porción del mar Caribe en San Andrés. Me preocupa sobre todo que la clase política nicaragüense, más chapucera y desmedida que la nuestra (difícil de imaginar, ¿verdad?) vaya a acabar con las maravillas naturales que hay en ese mar de colores. También me inquieta la suerte de los doscientos pescadores de langosta que podrían perder su trabajo.
Todo eso es lamentable. Pero hacer el escándalo patriotero que han hecho nuestras élites gobernantes con la amenaza de desacato al fallo de La Haya, mostrándose a sí mismas como los adalides de la defensa milimétrica de la soberanía nacional, me parece, por decir lo menos, una desmesura hipócrita. Y lo digo porque los 213 municipios de los que hablo, en donde prácticamente no hay Estado, representan el 34% del territorio nacional y en ellos viven seis millones ochocientas mil personas. Es otra Colombia; una Colombia de papel, que debería producir más indignación que la pérdida del mar de San Andrés.
Lo que pasa es que, en este caso, los políticos no tienen un enemigo al que echarle la culpa de lo que allí ocurre (como sí lo tienen en San Andrés) y eso se debe a que buena parte de la culpa es de ellos.