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Ingrid Betancourt’s intention to sue the State produced an avalanche of reactions against her.

Ingrid Betancourt’s intention to sue the State produced an avalanche of reactions against her.

En un país en donde los consensos son tan escasos, todos los colombianos, los de izquierda y los de derecha, los ricos y los pobres, los foristas y los editorialistas, el Gobierno y los medios, todos, se sintonizaron para despotricar contra Íngrid.

Es cierto que la Betancourt hizo mucho por despertar este furor nacional: su decisión temeraria de viajar a San Vicente del Caguán y el monto alucinante de la reparación solicitada, pusieron en evidencia su torpeza política, su codicia y su desconexión mental con la realidad nacional. Todo esto explica, y hasta justifica, la reacción airada del pueblo colombiano. Sin embargo, me parece que hay algo de excesivo en esta especie de lapidación colectiva.

¿Cómo se explica ese exceso? Mi hipótesis es que Íngrid es vista en Colombia como una ingrata y la ingratitud es un pecado que aquí difícilmente se perdona.

Todas las sociedades hacen su lista de pecados capitales, desde los más graves hasta los más leves. Así por ejemplo, los anglosajones, a diferencia de los españoles, creen que la lujuria es un pecado más grave que la codicia. Para un cubano, el egoísmo puede ser un vicio peor que, digamos, la pereza, mientras que para un alemán es muy probable que sea lo contrario. Pues bien, la ingratitud es un defecto que los colombianos ponen casi siempre al inicio de esa lista y eso tiene relación con el tipo de sociedad que tenemos.

En Colombia, como en muchas sociedades en vía de desarrollo, los favores que la gente consigue de los demás valen mucho. Más aún, la defensa de lo propio y el ascenso social dependen en gran medida de las relaciones, de los contactos, de los padrinos. Esto no sólo ocurre con los pobres; los ricos y los de clase media también necesitan de los favores de los demás. El clientelismo político es sólo un capítulo del clientelismo social.

Ahora bien, existe una ley sociológica de los favores: quien regala algo nunca lo hace de manera gratuita; espera que la otra parte haga lo propio. Para que esa ley social funcione, quien recibe el favor tiene que quedar agradecido, de lo contrario el sistema colapsa. Por eso los ingratos son vistos como enemigos del orden social.

En los países desarrollados, en cambio, las personas se protegen y progresan, sobre todo a través del Estado, no de las palancas. El juez, la policía y las autoridades estatales son para ellos más eficaces que los padrinos o los amigos. En Colombia también pasa eso, pero en menor medida. Aquí tenemos —como dice Roberto DaMatta en Brasil— una mezcla de los dos sistemas: la gente usa las conexiones o las leyes según lo que más le convenga.

Los colombianos juzgan a Íngrid con la lógica de la ley social de los favores: “Se hizo secuestrar —dice la gente— y a pesar de eso el Estado la liberó; por eso su gratitud debe ser eterna e infinita”. Íngrid, en cambio, razona con la fría lógica del cálculo legal: no me protegieron bien y por eso tengo derecho a que me indemnicen. En su mentalidad europea y desconectada, la demanda no significa que no tenga gratitud —incluso eterna e infinita— hacia el Ejército.

Sin duda la codicia y la terquedad de Íngrid son reprochables. Pero hay una cierta desmesura en la reacción nacional contra ella; desmesura que, a mi juicio, sólo se explica por esa reprobación, también excesiva, que los colombianos hacemos de la ingratitud.

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