The State Created a Vicious Cycle for Coca Producing Communities

La guerra contra las drogas, en especial contra la coca, ha sido utilizada en Bolivia, Colombia y Perú como una herramienta para estigmatizar, aislar y criminalizar a poblaciones que la cultivan, ya sea por razones culturales o económicas. No exagero cuando afirmo que la prohibición ha exacerbado la pobreza y marginalidad que ya padecían las comunidades periféricas donde se asientan estos cultivos.

Esta incoherencia entre las políticas públicas de desarrollo y la política de drogas en los países andino-amazónicos, ha generado un círculo vicioso en el que se perpetúan las condiciones que conducen al cultivo, sin que la economía cocalera haya generado una mejor calidad de vida en los territorios.

Los llamados países productores fueron impulsados a ejecutar acciones para reducir la oferta de pasta base de coca y cocaína en el mercado global. Sin embargo, los resultados de estas acciones no son los mejores, ya que en la actualidad sigue habiendo más de 130 mil hectáreas de hoja de coca en Bolivia, Colombia y Perú, haciendo de la región el epicentro de la  producción global de cocaína. En estos países existen zonas donde el cultivo y recolección de la hoja coca es la principal actividad económica, pues es el único producto rentable y de fácil comercialización al que tienen acceso las comunidades en lugares donde prevalece la pobreza rural.

La gran mayoría de cocaína que circula en el mercado global proviene de Colombia, Perú y Bolivia. Además, las rutas se dirigen principalmente a Europa y Estados Unidos. Fuente: World Drug Report 2015.

Bolivia, junto con Perú, es de los países donde el comercio y el cultivo de la hoja de coca, no de la pasta base ni de la cocaína, son actividades legales ampliamente practicadas en la sociedad. La región de Yungas de La Paz (Bolivia) es cocalera desde antes de la llegada de los españoles, allí se encuentra casi el 70% de los cultivos del país, y las comunidades cocaleras no sólo siembran por el dinero que obtienen para comprar alimentos, ropa, transporte, o educación, sino porque están convencidas de su derecho al cultivo de la planta como tradición heredada de sus antepasados.

Por el contrario en el Trópico de Cochabamba, en la Región del Chapare (Bolivia), el cultivo de coca se desarrolló a partir de la década de 1970, razón por la que los Gobiernos han implementado políticas mucho más represivas, asociando a cocaleros con grupos subversivos y narcotraficantes. Con la Ley 1008, paradójicamente se permitía el cultivo de 12 mil hectáreas en Yungas, al tiempo que en Chapare se proponía a cultivadores una compensación en dinero por la sustitución, e incluso la erradicación forzosa. Esta región se consideró que era una zona de producción excedentaria en transición, es decir, un territorio donde no se reconocía un valor ancestral a la coca, sino que se le consideraba como una planta que  debía ser erradicada.

En Perú, la Región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es la región con mayor presencia de cultivos ilícitos, pues allí se localizan el 44% de las 42.900 hectáreas cultivadas en ese país. Según el periodista Abraham Cutipa, esta región registraba en 2014 una proporción superior al 70% de las personas en pobreza o pobreza extrema, situación empeorada debido a que su población fue víctima de la lucha entre Sendero Luminoso y el Estado. En la actualidad, hay presencia de grupos narcotraficantes poderosos que utilizan a las familias de la región no sólo para cultivar, sino para transformar la hoja en pasta base de coca o como mochileros para el transporte a otros centros de procesamiento.

De otro lado, Colombia históricamente no había tenido concentración de cultivos de coca, pero a mediados de los 90’s el país se convirtió en el primer productor mundial de la hoja, pasta base y cocaína, cuando se presentó el cierre del puente aéreo que le permitía a los narcotraficantes colombianos traer la hoja de coca de Perú y Bolivia para transformarla en cocaína. Si bien existen comunidades indígenas que tienen un uso tradicional de la hoja de coca, este tipo de consumo no se puede comparar con el existente en los otros países productores.

Durante el 2014 se contaron 69 mil hectáreas de coca, de las cuales el 67% se ubicaron en lo que se podría llamar el corredor suroriental del narcotráfico colombiano (departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá). Fuente: Flickr Creative Commons via Policía Nacional.

 Es una realidad que a pesar de la existencia de una revaloración de la planta y sus propiedades medicinales, la pobreza, violencia regional o simplemente la poca rentabilidad de otros productos agrícolas, generan una producción que alimenta la economía ilegal, en la que las organizaciones criminales obtienen poder para controlar regiones y exportar cocaína. Esa es la consecuencia de una política incoherente que ha intentado resolver de una manera simplista los problemas de las comunidades rurales estableciendo los nexos que desarrollan con las redes del narcotráfico.

Estos países andino-amazónicos se concentraron en atacar los síntomas visibles y no los problemas de fondo. Es decir, al tiempo que en Colombia se han fumigado más de 1 millón 800 mil hectáreas con un herbicida que tiene probabilidad de producir cáncer, en los demás países productores se han ejecutado planes de erradicación forzosa, que generan rupturas entre las comunidades y el Estado, dañando la confianza de esta ciudadanía rural en las instituciones, sin disminuir la participación de las zonas cocaleras en el negocio internacional de la cocaína. Una expresión de esta ruptura han sido las marchas cocaleras en el VRAEM y en diversas regiones colombianas, donde se pide la llegada de un Estado distinto al de las fuerzas militares o policiales.

Base antinarcóticos Boca Anapati, ubicada en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), inaugurada en 2013 como un centro para hacer frente a los grupos narcotraficantes en Perú. Fuente: Flickr Creative Commons via Galería del Mindefensa.

Los Estados han construido un círculo vicioso en el que una actividad económica es prohibida, pero correlativamente las instituciones fueron incapaces de superar las dificultades para satisfacer los derechos de la población rural y un acceso diferente a los mercados nacionales e internacionales. En otras palabras, se equivocaron con las comunidades cocaleras, ya que no sólo incentivaron un mercado ilegal que las hizo parte de una cadena criminal, sino que nunca atendieron las causas del surgimiento del narcotráfico en los territorios, de allí que sus respuestas fueran simples: plomo o erradicación.

Los Estados andino-amazónicos deben cambiar no sólo su actitud frente a las comunidades cocaleras, sino el presupuesto de su política. Esto significa abandonar el objetivo de coca cero e impulsar estrategias que permitan consultar a las comunidades sobre la mejor manera de sustituir la dependencia de los ingresos que producen esos cultivos, sin que la existencia de la planta sea considerada como un fracaso, tal como lo exigió la constituyente cocalera en Colombia.