The Summit of Social Mobilization

“Estamos viviendo un momento histórico” me comentó Patricia Tobón, líder de la Organización Nacional Indígena de Colombia, mientras esperábamos en la cancha de basquetbol de una escuela de Quinamayó, a que el Comité Político de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular y el gobierno nacional llegaran a un acuerdo sobre si se iba a establecer una mesa de diálogo. Y es que Patricia no está exagerando. Es difícil pensar en otro momento en el que se hayan unido tantas organizaciones sociales, con diferentes identidades, para construir en medio de las diferencias un frente común por la paz y la justicia social. 

La Cumbre es una articulación que se creó en 2013 y reúne 13 organizaciones que vienen de diferentes sectores sociales. Durante el primer mandato del presidente Santos la Cumbre se conformó en respuesta a “los incumplimientos que tenía el gobierno nacional en diferentes regiones con diferentes comunidades” recuerda José Santos, líder del Proceso de Comunidades Negras y uno de los voceros de la Cumbre. La Cumbre -en su pliego– cuestiona uno de los pilares centrales del Estado colombiano pues pone en duda el modelo de desarrollo económico, debatiendo que la forma privilegiada del gobierno para crear recursos sea a través del impulso de las industrias extractivas. “Mi abuela decía tierra no se vende, tierra es patrimonio de los renacientes” cantaba Francia Márquez, líder del PCN, en medio de la espera. La canción que escribió Márquez cuando salió desplazada de Buenos Aires, encarna otro de los puntos centrales de la lucha de la Cumbre: la protección de los territorios colectivos, aquellos que se han visto afectados por los proyectos mineros y de infraestructura que han abanderado los últimos gobiernos colombianos. 

El Estado reconoció a la Cumbre y abrió un espacio de discusión por medio del Decreto 870 de 2014. En el 870, como lo llaman las y los activistas, se creó un mecanismo de diálogo para dar respuesta a las solicitudes de las organizaciones sociales. El incumplimiento de los acuerdos a los que habían llegado y la falta de acción del Estado, impulsó a la Cumbre a llamar a una minga nacional. La minga llegó a ser tan grande que tuvo presencia en 27 de los 32 departamentos colombianos. En todos los puntos de cierre de carretera, como vi en las fotos que diferentes personas me mostraron en sus celulares, los mingueros eran hombres y mujeres afrodescendientes, indígenas y campesinos que encontraron en la vía un lugar para el encuentro y el fortalecimiento de su visión sobre la sociedad y la democracia. 

La negociación que tiene la Cumbre con el gobierno nacional se caracteriza por tres elementos que muestran su fortaleza y la solidez de su proyecto político. “No hemos estado 12 días en la vía para discutir una agenda, sino para tomar decisiones de fondo”,  le dijo Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC, a Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior. La Cumbre es un espacio democrático diferente al Congreso Nacional, acá las decisiones se toman con tiempo. Cada una de las propuestas se deja reposar, se debate, se analiza. Todas las personas que están en las reuniones tienen voz y voto dentro de la decisión. Y cuando llega el momento final, las organizaciones se agrupan en sus nichos sociales principales y después vuelven a plenaria para dar la palabra final basada en el consentimiento de todas las personas. Así fue que se tomó la decisión de abrir un carril humanitario en la carretera que une Santander de Quilichao con Popayán. Como el gobierno los había ignorado e incluso había afirmado que ya habían llegado a un consenso –ignorando que el acuerdo se había firmado con el CRIC -, la Cumbre permitió el paso de los vehículos por seis horas, como un acto unilateral que mostró que ellos estaban movilizándose a favor de todos los colombianos. 

En segundo lugar, la Cumbre es un espacio diverso, definido por el pluralismo y la multiculturalidad. Bajo la sombra de la montaña que usan como logo, que extiende sus raíces hasta lo más profundo de la tierra, se resguardan todo tipo de personas. En la Cumbre se encuentran, por ejemplo, campesinos del alto de la montaña, mujeres negras que nacieron en la ladera de algún río en el Pacífico e indígenas que provienen de la selva. “La Cumbre es un escenario de unidad que articula expresiones de origen campesino, afrodescendiente, indígena y sectores sociales y populares” me dijo Jimmy Moreno, vocero nacional de la Cumbre. El pluralismo y la democracia de la Minga se diferencian radicalmente de la lógica de la política tradicional fundamentada en el intercambio de favores y la preeminencia masculina. Mientras en los equipos de la Cumbre la mayoría de las personas son mujeres, en el equipo del gobierno las mujeres son una minoría. 

La Cumbre tiene como uno de sus principales valores el pacifismo y el rechazo de la guerra. La Cumbre no considera el uso de la fuera como un mecanismo legítimo de reivindicación de sus propuestas. Sin embargo, durante la Minga, fueron víctimas de las balas y los procesos judiciales. Para el 10 de julio la lista de víctimas era muy grande e incluía violaciones a los derechos la vida y la libertad. Entre las catastróficas cifras están 3 personas muertas, 2 personas mutiladas, 210 personas heridas y 170 personas judicializadas. Todas estas personas son víctimas de la violencia física y judicial que se ha usado para responder a las movilizaciones. La represión fue tan fuerte que la Cumbre presentó una solicitud de medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

“Ojalá Cristo no nos crucifique” me comentó Carmen, una mujer negra que hace parte de uno de los 40 Consejos Comunitarios del PCN que estaba en la escuela en la madrugada del 10 de junio. Para avanzar la única solución es que el gobierno tome en serio las propuestas de la Cumbre porque dentro de su pliego de peticiones imaginan otro mundo. Una sociedad más justa en la que las personas no deban salir de sus territorios, puedan sembrar sus propias semillas y tengan programas educativos compatibles con su cultura.