The UN, Colombia, and private life

Pero también generan vulnerabilidades y abusos como la vigilancia masiva de telecomunicaciones y las chuzadas. Si además están en manos inescrupulosas, se crean riesgos serios en la vida privada. En Colombia, este tipo de violación a la intimidad ha estado a la orden del día, a veces emparapetada en una ley cuestionable, a veces en violación flagrante de la ley. Así nos lo dio a entender el pasado 1 de noviembre el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando le jaló las orejas a Colombia, luego de examinar su séptimo informe periódico sobre el cumplimiento con los derechos humanos.

El Comité se lamentó de no haber recibido actualización sobre las investigaciones por los seguimientos ilegales del antiguo DAS y mencionó su preocupación por la posible vigilancia contra periodistas, lo que sin duda se refiere al caso Vicky Dávila. Además, en este país de leyes, se quejó el Comité por la redacción de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que autoriza injerencias en las comunicaciones privadas con el monitoreo del espectro electromagnético sin un análisis de proporcionalidad.

La cosa no quedó en las normas vigentes, pues el Comité también cuestionó el nuevo Código de Policía que empezará a regir en 2017 y que actualmente está demandado por varias organizaciones, incluida Dejusticia. Este código, entre muchas perlas, parece confundir la privacidad con el domicilio, y considera que los bienes que se encuentren en un espacio público no son privados. Desde estas premisas, se permite la intervención policial para acceder a la información y datos recolectados en estos espacios. Es decir, que quien vaya caminando con su celular por una calle, tendría que renunciar a la intimidad de sus conversaciones, chats o, en general, los contenidos que aparezcan en sus teléfonos, tabletas y computadores.

En sus recomendaciones, el Comité pidió que se aceleraran las investigaciones del DAS para que se produzca una rendición de cuentas a tiempo. Reclamó que se tomaran medidas eficaces para evitar actividades ilegales de vigilancia en las comunicaciones o sancionar las existentes. También solicitó medidas para que el acceso a la intimidad del ciudadano mediante el monitoreo del espectro electromagnético cumpla con los principios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad”. Y por último recordó que tanto el Código Nacional de Policía como la Ley de Inteligencia debían cumplir con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que protege la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia.

La ONU no ha hecho nada distinto que recordarle al Estado colombiano sus deberes, que son la otra cara de nuestros derechos. Si Colombia sigue estos consejos y desarrolla herramientas concretas de política pública para manejar las tensiones específicas que se presentan frente a la tecnología, la intimidad y otros derechos fundamentales, habrá comenzado a demostrar lo que todos esperamos: que la tecnología está para vigilar el poder y no lo contrario.