University and social equality

La sociedad era inmóvil y reproducía sus estructuras sociales. Ese, se consideraba, era el curso natural y justo de las cosas. Cuando llegaron las revoluciones modernas (a principios del XIX) ese curso fue eliminado y en su lugar se impuso el principio de igualdad: todos nacen iguales, deben ser tratados como iguales y pueden llegar a ocupar cualquier cargo o posición, si se lo proponen y trabajan para lograrlo. El mérito dejó de reproducirse a través de la sangre y la democracia se convirtió en una batalla contra la herencia.

Para librar esa batalla, los sistemas democráticos diseñaron herramientas que amortiguan las desigualdades naturales. La más importante de ellas es la educación. La escuela fue concebida entonces como la fábrica de la ciudadanía; un lugar para construir la igualdad de oportunidades.

Hago todo este preámbulo para decir que esa fábrica ha funcionado mal en Colombia. Donde peor ha funcionado es en la educación básica. Tan mal lo ha hecho que hoy tenemos una situación de apartheid educativo: no sólo cada clase social estudia por su lado, sino que los ricos reciben una educación de buena calidad y los pobres de mala calidad. En estas condiciones la escuela es un simple reproductor de las clases sociales; el mérito y la posición social dependen, como en el antiguo régimen, de la herencia.

Si bien en la educación superior las obligaciones del Estado son menos apremiantes que en la educación básica (aquí es un derecho fundamental, allá no), las falencias oficiales con respecto a la universidad son tan grandes como con respecto a la escuela: el Estado dejó de invertir en la universidad pública desde hace por lo menos cuatro décadas y ha permitido que la demanda educativa sea copada por una oferta privada, en la mayoría de los casos barata y de mala calidad. Resultado: unas pocas universidades de élite, muy costosas y en donde se educa la clase alta; unas universidades públicas de mediana calidad, con pocos recursos y en donde estudia un reducto privilegiado de las clases media y media baja, y un montón de universidades de garaje para el resto de la población. Esta es la versión para adultos del apartheid educativo.

El proyecto de reforma a la educación superior del gobierno Santos no modificaba este panorama desalentador: los recursos previstos eran insuficientes para atender la demanda futura. Más aún, en ese proyecto, el gasto oficial por estudiante para los años venideros disminuía o, en el mejor de los casos, se mantenía igual.

En estas circunstancias, el movimiento estudiantil logró un triunfo histórico al conseguir que el Gobierno retirara el proyecto de educación superior. Pero ahora viene lo más importante (y lo más difícil): ayudar a crear una buena ley de educación que reemplace a la ley 30. Para eso es necesario que los estudiantes vuelvan a clase. No porque Santos lo haya dicho, sino porque ahora, sin proyecto, ya no tiene sentido seguir en la calle. Las posiciones radicales que condicionan la negociación a la democracia plena, al fin del capitalismo o al autogobierno estudiantil bloquean el cambio, tanto como lo hacía el proyecto que se acaba de caer. Exigir lo ideal y nada más que lo ideal es otra manera de perpetuar el presente: una sociedad con un sistema educativo que reproduce la estratificación social, tal como sucedía en el siglo XVIII.