Victims: Beyond Media Noise

Nuevo actor político

Nunca en Colombia se había hablado tanto de víctimas como ahora. Del cómodo olvido selectivo, de la estigmatización –o, peor, de la hostilidad- las víctimas y sus derechos se han convertido en prioridades de la política oficial, y políticos de todos los colores e ideologías hoy le dedican al tema toda suerte de discursos.

Tres noticias recientes ayudan a demostrar la importancia política de las víctimas:

1. La semana pasada estuvo en La Habana la cuarta delegación de representantes de las víctimas ante la mesa de negociación. No solo es la primera vez que las víctimas son tenidas en cuenta en un proceso de paz, sino que sus intervenciones han tenido mucho eco.

Para gusto o disgusto de muchos, cada delegación ha dado de qué hablar. Cada grupo ha afectado la agenda de los medios, y cada una de estas polémicas ha dado a conocer un poco más una cara olvidada del país y del conflicto: el drama de los militares secuestrados, el de las mujeres víctimas de violencia sexual, o el de la generación de hijos sin padres que han vivido la tortura de la desaparición forzada, entre muchos otros crímenes.

2. El Consejo de Estado condenó recientemente a la Nación por la muerte de tres miembros del Ejército Nacional en la toma que hicieron las FARC de la base militar de Patascoy (Nariño) en diciembre de 1997.

Hasta ahí, nada nuevo. Lo que produjo revuelo fue el análisis del concepto de víctima que realizó ese tribunal a la luz del derecho internacional, para concluir que los soldados muertos durante aquella incursión guerrillera también deben ser calificados como víctimas dentro del conflicto interno armado y ser reconocidos como beneficiarios de la Ley de víctimas.

3. Por último, el presidente Santos y la directora de la Unidad de Víctimas se han ufanado del estudio del Carr Center de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard que supuestamente gradúa a Colombia como “el líder mundial en reparaciones”, por tener el programa “más amplio y completo en el mundo”.

Un grupo complejo y plural

Aunque se haya reconocido la existencia de un gran diversidad de víctimas, muchos sectores creen todavía que es posible hablar de “las víctimas” como si fuera un grupo homogéneo y pacífico. Constantemente se oyen frases como “las víctimas piensan”, “las víctimas quieren”, “las víctimas opinan” – e incluso hay quiénes se escandalizan al constatar que “las víctimas están divididas”.

Pero debe recordarse que el registro que lleva la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas ya tiene inscritas a casi siete millones de personas. Es decir, la población oficialmente declarada como víctima en Colombia es casi tan grande como la de Bogotá, y es varias veces más grande que la de cualquier otra ciudad del país.

La idea romántica de que las víctimas deben compartir ideales, esperanzas y exigencias por haber compartido el dolor del conflicto es ilusoria y no permite abordar los problemas complejos que resultan de su reconocimiento. De nuevo, tres ejemplos recientes sirven para ilustrar estos retos:

1. Los conflictos durante el encuentro de víctimas organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional en la ciudad de Cali acerca de composición de las delegaciones que viajarían a La Habana. Aunque los choques fueron en realidad aislados y no muy importantes, los medios los destacaron más que los acuerdos alcanzados en el foro, y en todo caso esos hechos confirman que entre las víctimas hay posiciones divergentes, distintas identidades y múltiples formas de entender y enfrentar el pasado, de vivir el presente y de pensar el futuro.

2. El encuentro de víctimas de las guerrillas con presencia del ministro Juan Fernando Cristo quien, por haber sido ponente de la Ley de Víctimas en el Congreso, creyó que iba a ser ovacionado y en efecto resultó abucheado. La reunión concluyó con acusaciones de boicot y manipulación política. Esto demuestra otro riesgo: el de abusar para efectos políticos de un grupo numeroso y popular en un país tan altamente polarizado.

3. Un tercer riesgo es el de los colados. Por la importancia que han logrado las víctimas, hoy por hoy muchos quieren hacerse pasar por unas de ellas, y un registro con pocos controles para identificar y excluir a estas personas puede acabar en cifras engañosas, asignación errónea de recursos y otros muchos abusos de su nombre.

Medir las promesas, cuidar las expectativas

El reconocimiento de las víctimas debe ser serio y responsable. De nada sirve inflar el registro de víctimas o multiplicar los discursos melosos si no existe una política que de manera real y sostenible permita garantizar sus derechos y canalizar su capacidad para la construcción de paz.

En esa tarea debemos involucrarnos todos, como sociedad y como Estado. Es un empeño colectivo que por supuesto debe comenzar por el gobierno; y sin embargo al gobierno le ha faltado seriedad, por ejemplo al no aclarar que el informe del Carr Center no se refiere a los logros en materia de víctimas sino más bien a las promesas efectuadas, expresando su preocupación por la dificultad para que ellas se cumplan. En vez de auto-felicitarse, el gobierno y el país deben tomar las medidas para evitar que lleguen a ser realidad las predicciones más pesimistas del informe.

También hay que exigir una actuación responsable por parte de los jueces. No se trata de crear una jurisprudencia que parezca progresista cuando su efecto real puede acabar siendo el de crear más dudas y añadir complicaciones. Verdad que la actuación judicial ha sido decisiva para llegar al reconocimiento de las víctimas, pero el avance solo podrá ser firme si se hace un uso estricto de las categorías jurídicas y se analizan las consecuencias de los fallos.

Reconocer a las víctimas como un actor social importante también debe llevarnos a proteger la especialidad de sus derechos.
La mencionada sentencia del Consejo de Estado, para no ir muy lejos, hace una gran declaración sobre derechos de las víctimas, pero acaba complicando las cosas al confundir conceptos tan elementales como violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Finalmente, reconocer a las víctimas como un actor social importante también debe llevarnos a proteger la especialidad de sus derechos, pues si toda la población fuera víctima no habría necesidad de derechos diferenciados.

La generalización irresponsable puede llevar no solo a desconocer a las verdaderas víctimas, sino también a diluir las responsabilidades y a desbordar la capacidad de respuesta del Estado. Y la propuesta de las FARC de reconocer a las víctimas desde 1930 no parece ser otra cosa que eso.

Las víctimas finalmente han alcanzado un lugar fundamental y necesario en la sociedad, y tienen la capacidad de nutrir los esfuerzos de paz. Pero los retos siguen siendo enormes.