Who controls lawyers?

El arresto esta semana del abogado Ramón Ballesteros puso de presente (una vez más) que los abogados son una pieza clave en el accionar de la mafia y de los paramilitares. La guerra del narcotráfico contra el Estado no se libra tanto con armas (como lo hace la guerrilla) sino con recursos legales amañados, con interpretaciones sesgadas, con jueces y testigos comprados, con micos legislativos, etc. Mejor dicho, la guerra de la mafia no se hace contra el derecho y contra el Estado, sino con el derecho y con el Estado. Es jugando su propio juego (de manera sucia, claro) que los delincuentes logran capturar al sistema jurídico y ponerlos a funcionar a su favor.

El control de la profesión jurídica es un asunto importante en todos los países democráticos y serios, pero lo es todavía más cuando se trata de un país amenazado por la mafia. Los riesgos que se derivan de abuso del derecho en Colombia son más grandes que en otros países (qué duda hay) y por eso se justifica un mayor control.

Desafortunadamente aquí, esos controles son casi inexistentes. Ni siquiera alcanzamos a tener los estándares mínimos de vigilancia que hay en países libres de grandes organizaciones criminales mafiosas.

En Europa y en los Estados Unidos, por ejemplo, la vigilancia de los abogados se ejerce a través de la inscripción obligatoria de los profesionales del derecho en colegios de abogados. Allí se vigila su actuación – por ejemplo a través de la presentación de exámenes periódicos – de manera similar a como las cámaras de comercio vigilan a los comerciantes. En Colombia hay colegios de abogados, claro, pero funcionan como clubes sociales privados (de inscripción voluntaria y divididos por clases sociales) no como organismos de control.

Algunos sostienen que en Colombia no hace falta la colegiatura obligatoria porque existe el Consejo Superior de la Judicatura, el cual vigila disciplinariamente a los abogados. Pero en la práctica eso no sucede. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior es un organismo politizado, mediocre e ineficaz (ver, por ejemplo, el artículo central de la revista Semana sobre el carrusel de los magistrados). Miren además estas cifras: entre 1993 y el 2007, el número de sanciones impuestas por el Consejo aumentó en 2,27 veces (pasó de 397 a 902 sanciones), sin embargo, el número de abogados inscritos aumentó en 24 veces (de 4,255 abogados a 101,753). Así pues, cada vez se sanciona menos a los abogados y dudo mucho de que ello se deba a que los profesionales del derecho sean hoy más honestos que antes.

Por supuesto que también son muchos los que insisten en la necesidad de un control más estricto. Pero nadie ha podido lograr que el sistema actual cambie. En los últimos diez años se han presentado doce proyectos de ley destinados a crear una colegiatura obligatoria en Colombia. Todos han fracasado. Son muchos los intereses que están en juego para que las cosas del derecho sigan como están.