Why Not a Constitutional Constituent Assembly?

Como pasó aquí en 1991 y en Ecuador en 2008, las constituyentes desbordan con frecuencia su mandato, de modo que nada garantiza que una nueva se limite a implementar los acuerdos en lugar de reabrirlos (como querrían las Farc) o negarlos (como anhelaría el uribismo), con el idéntico resultado de frustrarlos.

Ad portas de la firma del acuerdo de paz, creo que las razones en contra son aún más contundentes que antes, porque la realidad política y jurídica hacen la constituyente no sólo desaconsejable, sino institucionalmente inviable.

En primer lugar, los tiempos no dan. Una lección básica de los procesos de paz es que el lapso entre la firma y la implementación debe ser corto, porque en el limbo entre una y otra puede rebrotar la desconfianza y aún la violencia previas al acuerdo. Una constituyente requiere una ley y dos votaciones nacionales que no pueden coincidir con otras —?una para consultar al electorado si la convoca, y otra para elegir a sus miembros—. Así que estamos hablando de al menos un año para que entrara a funcionar, y entre seis meses y un año para que expida una nueva Constitución. ¿Qué pasaría entre tanto con los acuerdos? ¿Se desmovilizarían las Farc para esperar dos años un resultado incierto?

Algunos críticos de la constituyente están cambiando de opinión, con el argumento bienintencionado de que sería la forma ideal de lograr un pacto nacional que incluya no sólo al centro sino a los extremos políticos. El problema con este argumento es que lo que tienen en mente las Farc, los centristas y el uribismo son constituyentes muy distintas. La de las Farc sería una asamblea corporativa, con representación garantizada para sus delegados y otros sectores, por la sencilla razón de que en una elección abierta su representación sería mínima. Dudo que los nuevos defensores centristas de la idea acepten esta modalidad, que implicaría una reforma constitucional. Mucho menos el uribismo, que sí tendría cómo pelear curules en una votación regular.

Comparto las razones de muchos partidarios de la constituyente: darles seguridad jurídica a los acuerdos y validarlos democráticamente. Eso es justamente lo que logra la fórmula que están diseñando el Congreso y el Gobierno: una consulta popular sobre el pacto (el “plebiscito” de la ley ya aprobada), que obligaría al Gobierno a someter prontamente los acuerdos y las leyes que los desarrollen a la aprobación de una comisión de parlamentarios, según lo prevé la reforma constitucional en curso en el Congreso. La comisión reflejaría el balance de fuerzas políticas por el que votamos los colombianos en las elecciones parlamentarias. Es una mezcla de seguridad, legitimidad y agilidad necesarias, sin los riesgos de la constituyente.

Nada de esto impide avanzar hacia un pacto político amplio como el que están intentando líderes de diversos sectores. Tampoco pensar en enmiendas constitucionales más adelante. Pero no arriesguemos el futuro de un acuerdo histórico de paz por querer hacer todas las reformas al tiempo.