For the first time in history, about 1,700 male and female Colombian peasants came together to demand their inclusion in the population census: the main tool for the State to make decisions. Through a tutela action, which will be submitted on Thursday, November 23rd at 11:30 a.m. in Bogotá’s Tribunal, they ask that the Population and Housing Census of 2018 include a series of questions regarding their economic and social situation as well as on their cultural identity.

 

Por primera vez en la historia cerca de 1.700 campesinas y campesinos del país se unieron para exigir la inclusión en el censo poblacional: la principal herramienta del Estado para tomar decisiones. A través de una acción de tutela, que se interpondrá este jueves 23 de noviembre a las 11:30 a.m. en el Tribunal de Bogotá, piden que el Censo de Población y Vivienda del 2018 incluya una serie de preguntas referentes a su situación económica y social, y a su identidad cultural.

Detrás de esta petición hay un objetivo claro: que el Gobierno tenga en cuenta su situación particular en el desarrollo de políticas públicas. El campesinado no sólo es una de las poblaciones más pobres del país sino que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Por años organizaciones campesinas han pedido ser incluidas en el censo, y siempre han recibido respuestas negativas e injustificadas. Esto llevó a campesinos y campesinas a emprender una lucha jurídica para que el DANE y el Ministerio del Interior reconozcan su derecho a la igualdad material.

Este derecho implica que los sujetos de especial protección, que se encuentran en situación de vulnerabilidad, puedan contar con políticas públicas que tengan en cuenta su situación diferente. Y el campesinado es uno de esos sujetos.

Si la realidad del campesinado no está incluida en el principal sistema de información estadística del país, el Gobierno no podrá desarrollar políticas diferenciadas que permitan “solucionar la brecha enorme que existe entre el campesinado y otras poblaciones en el goce de los derechos”, como dice Rodrigo Uprimny, el abogado de Dejusticia que representa a las organizaciones y a los campesinos que interpusieron la tutela. Aquí no sólo está en juego el goce de sus derechos sociales y económicos en igualdad de condiciones al resto de la población; están también en riesgo sus derechos culturales.

Eliécer Morales, integrante de la Asociación Campesina Inzá Tierradentro y uno de los tutelantes, dice que el Gobierno ha visto al campesinado colombiano desde una sola dimensión: “nos han tratado sólo como productores agropecuarios pero olvidan que la cultura campesina tiene otras dimensiones: una política, gracias a los ejercicios de gobernabilidad que hemos hecho por la ausencia del mismo Estado; una cultural, porque hay un conocimiento acumulado históricamente; una sociológica, porque no nos reconocemos como individuo sino como comunidad…”.

En el siglo XX se realizaron diez censos nacionales en Colombia: ocho de ellos incluyeron información sobre indígenas y dos sobre afrodescendientes. Ninguno habló sobre el campesinado. Los afros y los indígenas ya dieron esta lucha y la ganaron: en el censo del 2005 estas dos poblaciones tuvieron una participación activa en el diseño del formulario y en la aplicación del censo, y se les dio a cada una un espacio diferenciado.

Las poblaciones Rom, raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y palenquera de San Basilio (Bolívar), ganaron también ese derecho y fueron identificadas por primera vez en el 2005.

El camino del campesinado para ser reconocido tampoco ha sido fácil. Desde junio del 2015, organizaciones campesinas le están solicitando al DANE espacios de diálogo para ser tenidas en cuenta en sus procesos estadísticos. En medio de esas negociaciones el mismo Gobierno le pidió al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) hacer parte de la discusión.

En febrero del 2017 el ICANH entregó un concepto con los argumentos técnicos necesarios, para que la categoría de “campesino” fuera incluida en el próximo censo. Incluso, entregó siete preguntas relacionadas con el autoreconocimiento de los campesinos y campesinas, y con su situación económica y social.

Esas son las preguntas que el campesinado está pidiendo que sean introducidas en el censo. Y aunque el Gobierno se ha comprometido a “gestionar la inclusión” de esta categoría, como aparece en una acta de junio del 2016 firmada por el Ministerio de Agricultura, el censo está a punto de comenzar y el campesinado sigue por fuera. Por eso se unieron alrededor de una tutela, que es histórica en Colombia.

 

Contactos:

Eliécer Morales, integrante de la Asociación Campesina Inzá Tierradentro (ACIT): 3213115543

César Willian Díaz, coordinador Nacional Agrario: 3113446868

Rosa Isabel Rojas, integrante de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro): 322 9148160

Prensa Dejusticia: 3137667852