Hoy vivimos al mismo tiempo unas negociaciones de paz con las guerrillas con buenas posibilidades de éxito y una muy intensa conflictividad social, como lo muestra el paro agrario. ¿Cómo interpretar esa simultaneidad de procesos?

La respuesta autoritaria es que la negociación con las guerrillas es equivocada, pues debilita la autoridad y permite una infiltración guerrillera de las protestas. Y por ello se desencadenan estos desórdenes sociales, que un gobierno impotente no puede controlar.

Pero esa versión es equivocada y nos ata al pasado. Por el contrario, esa simultaneidad nos plantea uno de nuestros mayores desafíos: si queremos una paz duradera, debemos transformar la relación negativa que hasta ahora hemos vivido entre conflicto, protestas y democracia en una relación positiva.

En general, en Colombia, el Estado y las élites han visto las protestas como desórdenes y problemas de orden público que debían ser reprimidos. Un ejemplo de ese sesgo autoritario es que durante décadas, la revista Criminalidad de la Policía incluyó a las huelgas en las estadísticas sobre alteraciones del orden público, al lado de los ataques guerrilleros o los atentados.

La persistencia del conflicto armado obviamente ha acentuado ese sesgo. Las protestas han sido lideradas en general por la izquierda y por ello algunos sectores autoritarios las asociaron a expresiones guerrilleras, con esa idea falsa de que todo militante de izquierda no es más que un guerrillero encubierto. Pero a su vez, es cierto que las guerrillas han intentado, con mayor o menor éxito, infiltrar esas protestas, a fin de subordinarlas a sus estrategias políticas y militares.

La derecha autoritaria, como las guerrillas, ha coincidido entonces en meter a las protestas y al conflicto social en la lógica de guerra. Y el resultado ha sido el debilitamiento de los movimientos sociales y la represión reiterada de la protesta, lo cual a su vez ha acentuado, en un círculo vicioso, la violencia y la guerra. Instrumentada por la guerrilla o reprimida por el Estado, la protesta social no ha podido ser en Colombia el canal de expresión y transformación que es en sociedades verdaderamente democráticas. Y en parte por eso muchos conflictos sociales, desprovistos de canales pacíficos de resolución, han tendido a expresarse violentamente.

La democracia colombiana, si quiere ser digna de ese nombre, tiene una asignatura pendiente: reconocer la protesta como expresión legítima y encontrarle formas democráticas de respuesta, sin que debamos idealizar toda protesta, pues algunas degeneran en violencias inaceptables y no siempre quienes protestan tienen razón. Pero aquí está tal vez la respuesta a la pregunta inicial. La paz pasa no sólo por una negociación con las guerrillas, que ponga fin al conflicto armado, sino también tiene otro reto igualmente difícil: el Estado debe aprender a responder democráticamente a las protestas y a los reclamos ciudadanos.