El pasado 26 de septiembre se llevó a cabo en la Universidad Nacional un Tribunal Simbólico de Violencia Sexual, coordinado por la Corporación Humanas, e impulsado por varias organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres. El Tribunal fue una oportunidad para conocer los dramáticos casos de varias mujeres del país que han sido víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado colombiano.

En desarrollo de las audiencias públicas se presentaron las historias de al menos diez mujeres de diferentes regiones del país, de distintas edades, que fueron víctimas de múltiples formas de violencia sexual, como violación, desnudez forzada y esclavitud sexual, perpetradas por diversos actores del conflicto armado. Una muestra pequeña pero representativa de la magnitud y diversidad de los hechos de violencia sexual ocurridos en el contexto del conflicto armado del país.

Para quienes asistimos, fue una experiencia estremecedora, un encuentro con los límites de la crueldad humana y con la capacidad de resistencia y valentía de las víctimas. Una oportunidad para constatar que la violencia sexual deja profundas secuelas físicas y psicológicas en las mujeres que la padecen.

Igualmente dramático que escuchar la crueldad de los hechos y sus consecuencias, fue constatar que todos ellos se encuentran en la impunidad y que el Estado, hasta ahora, no ha sido diligente para garantizar los derechos de las víctimas. En todos ellos, además, las mujeres debieron enfrentar respuestas de funcionarios que muestran los marcados estereotipos de género que persisten en el país, como un policía que le dijo a una de las mujeres que se atrevió a denunciar que había sido violada por varios hombres: “Eso es lo que se buscan las mujeres por estar en la calle”.

Esa crueldad de la indiferencia del Estado frente al sufrimiento de las mujeres víctimas de violencia sexual se sigue extendiendo y amenaza con profundizarse. Ahora, a la impunidad se suma la intención de volver a penalizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos en los cuales el embarazo es fruto de la violencia. Una propuesta del partido conservador, que parece avanzar rápidamente por la presión del Procurador General de la Nación, tendría como uno de sus efectos concretos el que las mujeres víctimas de violación y embarazo forzado serán castigadas si deciden no seguir adelante con un embarazo fruto de la violencia.

De aprobarse esta propuesta, el Congreso estaría profundizando una situación generalizada de falta de garantía de derechos y obligando a las mujeres a enfrentar consecuencias aún más traumáticas para sus vidas. ¿Cómo podría denominarse esto si no crueldad?