Fundada en el 2003 por ocho juristas ligados a la academia y la práctica, Dejusticia entró formalmente en funcionamiento en el 2005. Desde un inicio, su misión fue defender los derechos humanos y contribuir a la construcción de una ciudadanía más incluyente.

Gracias al trabajo de un destacado equipo de investigación y administración, bajo la dirección del socio fundador Rodrigo Uprimny, en estos 10 años Dejusticia se consolidó como un centro de investigación e incidencia en derechos humanos a nivel nacional e internacional. Hace un mes, el también cofundador César Rodríguez Garavito asumió la dirección de la institución. Rodrigo continuará en Dejusticia como investigador de tiempo completo y director del área de derechos sociales.

En esta década, Dejusticia ha buscado tender un puente entre la academia y el activismo, a lo largo de estos años ha llevado y acompañado más de 100 casos nacionales e internacionales en temas de derechos humanos y ha publicado más de 40 investigaciones que han aportado en la construcción de marcos conceptuales para difíciles discusiones coyunturales.

Algunos logros:

• En litigio, el primer caso que Dejusticia llevó en sus inicios fue el de la comunidad afro de Orika en Islas del Rosario, que buscaba la titulación de unos territorios colectivos solicitados al Incoder años atrás. Justamente hace unas semanas el caso fue fallado a favor de la comunidad y sus territorios colectivos se convirtieron en los primeros del Caribe, generándose así además de un beneficio para la comunidad, un precedente constitucional importante.

• Dejusticia ha buscado establecer una sinergia entre las investigaciones académicas que realiza y las discusiones públicas. Un ejemplo de esto fue el libro Mayorías sin democracia, que con datos empíricos concretos señaló los peligros de que una segunda reelección presidencial fuera aprobada.

• En materia de formación y activismo, Dejusticia creó, junto con el Proceso de Comunidades Negras y la Universidad de los Andes, el Observatorio de Discriminación Racial. El Observatorio es una plataforma que genera sistemáticamente informes periódicos sobre racismo en Colombia. Además, ha consolidado un semillero de jóvenes activistas afro que son apoyados para cursar estudios de Maestría en el exterior para adquirir herramientas que les permitan liderar la lucha sostenida contra la discriminación racial en el país.

• Para Dejusticia la paz ha sido una preocupación constante. En el tema de la justicia transicional las investigaciones de Dejusticia han estado encaminadas a fortalecer el debate, aclarando conceptos y contenidos. “Eran tiempos difíciles” comenta Javier Ciurlizza, director para América Latina del International Crisis Group. Cuando Dejusticia ingresó en el debate “el conflicto armado aún no se reconocía y era difícil hablar de víctimas. (…) Dejusticia tomaban nota juiciosa de las peticiones de las víctimas y las traducía al lenguaje jurídico de las altas cortes.” Dentro de la discusión de la justicia transicional, Dejusticia aportó a la construcción de un enfoque de género para la reparación de las víctimas. Junto con el trabajo de otras organizaciones, la labor de Dejusticia consiguió que en la Ley de Víctimas 1448 se especificaran requerimientos especiales para las víctimas mujeres. Dejusticia también contribuyó en la discusión sobre la reparación para víctimas de grupos étnicos, trabajando de cerca con organizaciones como el Proceso de Comunidades Negras y la ONIC.

• Combatir la discriminación de cualquier tipo ha sido una motivación constante para Dejusticia: en alianza con Colombia Diversa, ha realizado numerosos litigios contra la discriminación contra la población LGTB. En alguna parte debido a este trabajo colaborativo, hoy en día las parejas del mismo sexo gozan de derechos patrimoniales, y es legal la adopción individual de niños, sin importar la orientación sexual del peticionario. Además, se ha ganado terreno en la discusión sobre el matrimonio igualitario. Según la directora ejecutiva de Colombia Diversa Marcela Sánchez, “a partir del trabajo de Colombia Diversa y Dejusticia, hemos podido avanzar en un tema que no solo le compete a la comunidad LGTB, sino a toda la ciudadanía interesada en una sociedad más justa e incluyente”.

• Con respecto a la equidad de género, durante el actual gobierno Dejusticia demandó la elección de varios ministros y superintendentes porque no cumplía el porcentaje obligatorio (30%) de mujeres en esos cargos. Además, junto con otras organizaciones Dejusticia trabajó por trazar un camino viable para que la ley de cuotas de las mujeres en cargos públicos (Ley 581) se cumpliera. “El aporte de Dejusticia fue muy importante para que esta acción fuera exitosa” afirma Linda Cabrera de la Corporación Sisma Mujer.

• A lo largo de este tiempo Dejusticia se ha convertido gradualmente en un referente en el trabajo internacional sobre derechos humanos. Dejusticia ofrece dos cursos de formación para jóvenes activistas de los derechos humanos y los derechos sociales: (1) la Escuela Global de Investigación-Acción para activistas de América Latina, África y Asia, centrado en el desarrollo de herramientas novedosas de investigación, escritura y comunicaciones para fortalecer la voz del Sur Global en el campo global de los derechos humanos, y (2) la Escuela Global de Derechos Sociales, creada en asociación con la Universidad de Oslo, que anualmente dicta un curso en un lugar distinto del mundo.

• Una preocupación central en el trabajo de Dejusticia en estos años ha sido la defensa de los derechos sociales, que fueron considerados durante un tiempo derechos de segunda clase. En este ámbito Dejusticia ha velado por los intereses de los usuarios del sistema nacional de salud junto con otras organizaciones y activistas y ha luchado contra el encarecimiento de medicamentos esenciales que hoy en día se encuentran a un precio accesible para los pacientes.

• Dejusticia creó una línea especial de trabajo sobre justicia ambiental y en los estos últimos años ha participado activamente en debates y casos sobre temas como la regulación de la minería, las consultas populares y las consultas previas en casos que tengan impacto directo sobre el medio ambiente, la institucionalidad ambiental, los planes nacionales de desarrollo y el “fracking”.