Tras el escándalo de los agentes del Servicio Secreto de EEUU, por estos días se está preparando un proyecto de ley para reglamentar la prostitución en Colombia. Según el senador Armando Benedetti, su intención no es “acabar ni…promover la prostitución” sino “dignificar el oficio”, a través de la recopilación de normas y la garantía de derechos. Si este es el propósito verdadero, tal dignificación tendrá que salvaguardar la integridad personal de quienes realizan esta actividad. Y para ese propósito, el marco reglamentario debería enfrentar explícitamente los riesgos para la salud asociados con la profesión, aspecto en el cual hasta ahora ha habido un vacío de datos, investigación y políticas públicas en el país.

Los riesgos para la salud, que deben ser abordados de forma diferencial, incluyen al menos los siguientes:

– Enfermedades, que no se limitan a las de transmisión sexual. Se ha documentado en diferentes partes del mundo que las tasas de enfermedades de transmisión sexual (como VIH-SIDA, sífilis, gonorrea y VPH) son más altas en los y las trabajadores sexuales que en trabajadores de otro tipo. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud, a través del Observatorio Nacional de la Gestión en VIH-SIDA, ha difundido un manual para promover la recolección de datos desagregados sobre la prevalencia de infección por VIH entre personas en situación de prostitución. Sin embargo, aún falta ver los resultados de este trabajo, y es necesario ampliarlo para documentar y abordar las numerosas otras enfermedades que pueden afectar esta población de forma particular, como la enfermedad inflamatoria pélvica, el cáncer cervical y las demás infecciones de transmisión sexual.

– Violencia y abusos perpetrados por clientes, agentes policiales, actores armados ilegales ejerciendo la “limpieza social”, y otros. Un estudio de trabajadores y trabajadoras sexuales (incluyendo a mujeres, hombres, y personas trans) en cinco países –Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zambia— reportó que el 62% de las personas encuestadas había sido víctima de violencia sexual en el desempeño de su trabajo, y el 73% había sufrido ataques físicos en el mismo. Otras investigaciones en la India, Bangladesh y Namibia señalan que también son frecuentes los abusos por parte de la fuerza pública. El problema de violencia existe tanto en los países donde la prostitución es prohibida, como en aquellos donde no lo es, como lo demuestran los análisis de países con diferentes regimenes normativos. Y en Colombia, donde hacen falta más estudios al respecto, las organizaciones sociales ya han denunciado que la violencia contra las personas dedicadas a la prostitución, particularmente las mujeres, está aumentando sin que existan investigaciones y políticas públicas específicas para enfrentar las problemáticas de subregistro, impunidad y la violencia.

– Afectaciones sicosociales. Estas incluyen el estrés, depresión y ansiedad, que a su vez pueden llevar al abuso en el consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, en el estudio mencionado de cinco países, el 67% de las personas evaluadas presentó las condiciones para un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, una enfermedad que causa, entre otros, arrebatos de furia, sensación de terror, insomnio y pensamientos autodestructivos. Con esto, no es sorprendente que sean tan altos los índices de depresión y de tendencias suicidas de las personas que ejercen la prostitución, como lo han revelado investigaciones en China, Perú, Puerto Rico y Brasil, entre muchas otras.

Así, el marco legislativo propuesto, si pretende dignificar el oficio de la prostitución, no puede ignorar estos aspectos tan centrales para la integridad de las personas que lo ejercen. Las garantías tendrán que ser abordadas de una forma que vaya mucho más allá de las generalidades.