La nueva ley antidiscriminación, tal como fue conciliada en el Congreso hace unas semanas, sanciona con cárcel y multa a las personas que “arbitrariamente impidan, obstruyan o restrinjan el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual”. Creo que la ley tiene un buen propósito: eliminar discriminaciones históricas profundas y muy arraigadas, que inclusive muchos niegan que existen, y que el Estado debe entrar a corregir. Sin embargo, no creo que la norma sirva para lograr este propósito y en cambio sí puede afectar gravemente otros derechos. Específicamente, creo que al penalizar la discriminación por razones políticas o ideológicas la ley es una amenaza para la libertad de expresión. Aquí van dos razones.

En primer lugar, porque los términos que utiliza la ley para definir la discriminación (“restricción, obstrucción o impedimento arbitrario”) son lo suficientemente amplios como para que el nuevo delito sea utilizado como arma política. Un político que salga mal librado en alguna nota periodística, o en una columna, podría fácilmente sostener que lo están discriminando por razones ideológicas. Tal como está redactada, la norma haría que se multiplicaran historias como la de la pelea de Claudia López y Ernesto Samper o la de José Obdulio y el reguero de periodistas a los que demandó por injuria. Los “perseguidos políticos” no sólo podrán demandar por injuria y calumnia, pidiendo la protección de su derecho a la honra y al buen nombre, sino por ser discriminados por razones ideológicas, pidiendo la protección de su derecho a la igualdad.

Desafortunadamente, en este país en el que “una demanda no se le niega a nadie”, a veces sólo basta presentar una denuncia contra un periodista o un columnista para lograr que se sientan intimidados y se restrinja así la libertad de expresión. No faltaba más: qué susto cuando llega un papelito diciendo –en un lenguaje bastante solemne y oscuro- que me tengo que presentar ante un juzgado, algo bastante aterrador, para responder por lo que escribí como periodista. Además de alimentar esta demanditis, la ley que penaliza la discriminación por razones políticas, justamente por la amplitud de los términos en los que la define, llevaría a que el juez les dé la razón. Una mejor técnica legislativa podría evitarnos largas discusiones judiciales sobre qué es y qué no es una restricción arbitraria de derechos por razones ideológicas.

En segundo lugar, porque aún si asumimos que lo que se entiende por discriminación es claro, no se justifica restringir la libertad de expresión para lograr una mayor igualdad en el discurso político. Yo estaría de acuerdo en limitar la libertad de expresión en aquellas ocasiones en las que se promueva cualquier tipo de discurso de odio (incluyendo, naturalmente, odio “político”, tal como lo hace otra norma de la misma ley que castiga el “hostigamiento”). Sin embargo, aunque creo que la simple “discriminación política” -la que no alcanza a ser un discurso de odio- existe, creo también que se parece más al disenso y a la confrontación propios de un sistema democrático, y por eso la respuesta debe ser ampliar las libertades para refutar el discurso discriminatorio, no reducirlas para silenciarlo.

Es verdad que en Colombia algunos grupos políticos han sido sistemáticamente excluidos del juego político. Las minorías políticas tienen menos acceso a los medios de comunicación, a mesas directivas en corporaciones públicas, a menos financiación, etc. Pero esta marginación no se resuelve con la penalización de la discriminación -y la restricción de la libertad de expresión-, sino con herramientas adecuadas que les permitan participar en el juego democrático, como por ejemplo un buen estatuto de la oposición o una nueva ley de participación ciudadana. La solución no es, entonces, restringir las libertades de las mayorías sino darle a las minorías políticas las herramientas necesarias para que también ellas digan lo que quieran. Así todos ganamos.

La libertad de expresión es un medio y un fin en sí mismo. Es un medio porque a través de ella se abren espacios de participación democrática, se controlan abusos de poder (que en paz descanses revista Cambio) y se alcanza una cierta verdad colectiva. Pero además es un fin en sí mismo ya que la libertad de decir lo que se piensa es una de las más claras manifestaciones de la autonomía individual, del libre desarrollo de la personalidad. Por eso, a pesar de las buenas intenciones, cualquier intento de limitar esta libertad debe ser evaluado con detalle. No vaya a ser que por corregir la discriminación terminemos, sin lograr corregir nada, “discriminando” otros derechos.