Sería un avance enorme para la igualdad y el pluralismo que el Congreso aprobara el matrimonio igualitario, esto es, extendiera a las parejas del mismo sexo la posibilidad de casarse, que hoy tenemos las parejas heterosexuales.

Es claro tanto a nivel práctico como jurídico que las parejas del mismo sexo forman una familia, como lo señaló inequívocamente la sentencia C-577 de 2011 de la Corte Constitucional. Y es que si la familia es esencialmente una comunidad de afecto y cuidado con vocación de permanencia, es obvio que aquellas parejas de hombres o de mujeres que se aman, se cuidan y mantienen una relación estable forman una familia. Y si esas parejas quieren formalizar su familia y asumir los compromisos del matrimonio y la protección simbólica y jurídica que éste otorga, ¿por qué negarles esa posibilidad?

En una democracia pluralista es discriminatorio que a una persona se la prive de un derecho por razón de su orientación sexual. Es pues discriminatorio que a las parejas del mismo sexo se les impida casarse cuando los heterosexuales podemos hacerlo. Y más aún cuando esa discriminación no es sólo simbólica sino que tiene también efectos jurídicos prácticos.

Es cierto que en los últimos años, gracias a las luchas del movimiento LGBT y a los fallos de la Corte Constitucional, muchas discriminaciones jurídicas contra los homosexuales han sido eliminadas. Pero la imposibilidad que tienen aún de casarse no sólo perpetúa una discriminación simbólica sino que las priva de ciertas garantías jurídicas específicas que da el matrimonio. Por ejemplo, tienen que pasar dos años de convivencia para que, por unión de hecho, una pareja tenga una sociedad patrimonial protegida, mientras que el matrimonio permite que en forma inmediata exista la sociedad conyugal de bienes.

Esa discriminación puede ser fácilmente corregida por el matrimonio igualitario. Pero existen aún poderosas resistencias sociales a una reforma de ese tipo. Sin embargo, la mayoría derivan de temores infundados.
Algunos creen, por ejemplo, que todo es un ataque a las iglesias y que se las obligará a que exista matrimonio religioso para parejas del mismo sexo. Pero no es así: nadie está hablando de invadir los fueros y la autonomía de las iglesias sino de establecer un matrimonio igualitario civil. Las distintas iglesias mantendrían entonces la posibilidad de reservar, conforme a sus creencias, el matrimonio religioso para parejas heterosexuales, de la misma manera que hoy, en el catolicismo, el matrimonio es indisoluble, aunque existe el divorcio para el matrimonio civil.

No convirtamos el debate sobre el matrimonio igualitario en una cruzada religiosa encubierta, exacerbando esos miedos. Por el contrario, intentemos disolver esos temores y apaciguar los ánimos, mostrando que Colombia puede ser un país incluyente y diverso. Y el Congreso tiene la oportunidad de hacerlo, enviando un poderoso mensaje de igualdad y pluralismo aprobando el matrimonio igualitario.

Rodrigo Uprimny, Director de Dejusticia