ESTE INVIERNO DESBOCADO NO NOS afecta a todos por igual. Para algunos de nosotros representa una leve incomodidad.

Pero para millones de colombianos, que ya vivían en situaciones muy precarias de pobreza, las inundaciones han sido una tragedia, pues les arrebataron lo poco que tenían.

Las lluvias inclementes han tenido entonces un impacto social diferenciado, pues no han afectado por igual a ricos y pobres, por lo cual resulta fructífero analizar siempre estos desastres a la luz de la llamada “justicia ambiental”.

Esta visión se desarrolló en Estados Unidos, durante las luchas sociales de los años sesenta contra la pobreza y la discriminación racial, cuando los activistas y algunos estudiosos constataron que la degradación ambiental afectaba especialmente a los pobres y afros, quienes tenían poca incidencia en las decisiones políticas. A su vez, otros estudios mostraron que la contaminación derivaba especialmente de los patrones de consumo de las clases medias y altas.

Estas constataciones son la base de la justicia ambiental, cuya tesis básica es que el deterioro ambiental y los riesgos naturales no son neutros desde el punto de vista de la justicia social. Las dinámicas ambientales son injustas, pues los grupos pobres y discriminados son quienes más sufren por la contaminación o por las catástrofes, mientras que las clases medias y altas no sólo suelen ser las más contaminantes, sino que tienen mayor incidencia en las decisiones políticas y están más protegidas frente a los desastres. Por decirlo un poco panfletariamente, mientras que los pobres y discriminados son quienes más sufren por el deterioro ambiental y por las catástrofes, los ricos son quienes más contaminan y quienes terminan decidiendo sobre las políticas ambientales.

La idea fundamental de la justicia ambiental es entonces que no basta lograr el desarrollo sostenible y prevenir los desastres naturales. Estos propósitos son obviamente trascendentales. Pero es igualmente indispensable, al momento de definir las políticas ambientales, incorporar criterios de equidad, a fin de que sean justamente distribuidos entre todos los beneficios de la sostenibilidad y de la mitigación de los riesgos naturales, así como las cargas para alcanzarlas. E igualmente es necesario establecer mecanismos de participación para que los potencialmente más afectados, esto es, los pobres y discriminados, tengan una voz poderosa en las decisiones ambientales.

Esta tragedia invernal es tal vez la peor catástrofe natural que Colombia ha vivido. Aunque el número de víctimas fatales ha sido —afortunadamente— más bajo que en otros desastres, como el de Armero, el impacto global es terrible. Más de dos millones de personas, especialmente pobres, han sido gravemente afectadas.

Algunos podrían argumentar que resulta excesivo echarle la culpa al consumismo de los ricos por las inundaciones. Y es cierto que el vínculo causal no es directo. Pero todo indica que el inusitado aumento de las lluvias deriva del cambio climático. En todo caso, incluso frente a catástrofes naturales imprevisibles, como un terremoto, la vulnerabilidad de los pobres suele ser mayor, pues las dinámicas sociales los llevan a habitar las zonas más riesgosas, incluso a veces con estímulo de los gobiernos locales. Por ejemplo, en Córdoba, es conocido que las zonas más inundables son las de la margen izquierda del río Sinú y ahí es donde los gobiernos locales han promovido las viviendas de los más pobres.

Las crisis y las catástrofes son siempre dolorosas, pero pueden ser también oportunidades. Esta tragedia invernal debería entonces ser la oportunidad para revertir nuestra terrible injusticia ambiental e incluso para repensar ciertas estrategias económicas. ¿Podemos meternos en la locomotora minera sin pensar en su posible injusticia ambiental?