Las cuotas a favor de las mujeres no son un favor, sino una forma de garantizar la igualdad real de las mujeres en la esfera pública.

La semana pasada se anunció que el Gobierno Nacional haría modificaciones importantes en las superintendencias. El motivo, cumplir con la Ley de Cuotas. La consecuencia debería ser entonces el nombramiento de mujeres en los máximos puestos decisorios de esas entidades.

Con esto, el gobierno estaría cumpliendo con la ley, lo cual no sería problemático, sino positivo. Incluso a pesar de que lo estaría haciendo para evitar un fallo judicial adverso, pues actualmente cursa un proceso por la inobservancia de la cuota (en el que actuamos como demandantes, junto con Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres), en el cual el Consejo de Estado seguramente fallaría en contra del gobierno.

A pesar de la importancia del hecho, tan pronto se conoció la noticia, el escándalo estalló, pues se denunció que el Presidente estaría utilizando los cambios para pagar favores políticos, es decir, para reproducir el clientelismo, lo cual no tiene nada que ver con las cuotas.

Sin embargo, varias voces críticas se levantaron por la aplicación misma de las cuotas. El argumento es simple, si las mujeres están capacitadas y son buenas para el cargo, no necesitan de estos “privilegios” para ser elegidas. Y dado que la idea es tener a los mejores técnicamente para estos puestos, no importa el sexo de la persona, sino su capacidad.

Aunque el argumento parece bueno, desconoce la razón de ser de las cuotas, que es enfrentar una situación histórica de exclusión de las mujeres. Si bien es cierto que a las mujeres se les han reconocido derechos políticos, en la práctica esto es meramente formal. Las mujeres siguen estando sub representadas los altos cargos decisorios del Estado. Por ejemplo, la mejor participación que han tenido en el Congreso de la República es del 16%, aunque son el 50% de la población y el 50% de quienes votan efectivamente.

Y el caso de los cargos de nominación, aunque menos dramático, es similar. Las mujeres siguen sin llegar a los máximos cargos del Estado. Y ahí el argumento de que a esos cargos llegan los mejores y por eso las mujeres no son designadas para ellos, pierde su fundamento, ya que en el país tienen iguales e incluso mejores niveles educativos que los hombres, desde hace ya varios años.

La verdadera razón para que no sean nombradas está entonces en una exclusión histórica y estructural, fundada en criterios diferentes al mérito, como los estereotipos que rodean el trabajo de las mujeres. Esto ha sido explicado por muchos(as) teóricos(as) como el techo de cristal. Un conjunto de prácticas y creencias socialmente compartidas que impiden a las mujeres llegar a los más altos cargos a pesar de tener la capacidad para ejercerlos.

Por eso, las cuotas no son un favor o un privilegio para las mujeres, sino una medida afirmativa para enfrentar una situación histórica de exclusión y discriminación. Además, son temporales, pues la idea es que existan como una forma para acelerar la igualdad y sólo hasta que esta se alcance. De hecho, la experiencia internacional muestra que es la medida más adecuada para lograr este propósito.

Aplicar la Ley de Cuotas, además de constituir el cumplimiento efectivo de ley y la Constitución, es una necesidad para el fortalecimiento democrático del país, pues permite enfrentar esa exclusión y contribuir a superarla.

Pero además, es importante porque a pesar de la existencia legal de la cuota, esta ha sido sistemáticamente incumplida, especialmente por el actual gobierno nacional. De hecho, la razón por la que hemos presentado las demandas para hacer cumplir la Ley 581 de 2000 es que encontramos que se estaba incumpliendo tanto en el nivel de Ministerios, como en las Superintendencias y los Departamentos Administrativos. Y que esto no es nuevo, sino que se ha presentado durante los 12 años de vigencia de la Ley.

Por eso el debate sobre los cambios en las Superintendencias y posiblemente también en los Departamentos Administrativos no debería ser sobre si las cuotas se justifican o no, sino sobre lo que debería hacer el gobierno para promover la igualdad efectiva de las mujeres y para cumplir con la ley, sin que tenga que intervenir el poder judicial. Y claro, sobre cómo lograr que en los puestos más técnicos estén los y las mejores, y no primen los compromisos políticos, como suele suceder en este país, en donde el clientelismo es ley.