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Every hour nine people are detained for drug-related crimes

The book “Drug crimes and prison overdose in Colombia”, produced by the Research Consortium on Drugs and the Law and Dejusticia, disagnoses the impact of drug policy on the prison system and recommends, among other measures, to decriminalize personal dose.

Imprisonment for drug offenses is making a major contribution to the overcrowding crisis in prisons across the country, which is 50%. In addition, it directly threatens the guarantee of the rights of persons deprived of liberty. This is the conclusion of the research project “Drug crimes and prison overdose in Colombia”, produced by the Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD) and Dejusticia.

 

Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual.

En esta investigación se analiza el grado de escolaridad y la situación económica de las personas recluidas por este tipo de delitos, y a partir de esa información se concluye que existe una selectividad a la hora de la sanción. Quienes tienen mayor vulnerabilidad económica, baja escolaridad y desempeñan tareas logísticas y operativas en la red criminal del narcotráfico, son el principal blanco.

El 79,3% de las personas privadas de la libertad no concluyeron su educación media y el 42% había estudiado máximo hasta la primaria. Además, de una muestra de expedientes de personas condenadas por tráfico de estupefacientes, analizada por el Ministerio de Justicia, se encontró que sólo el 4% se dedicaba a un oficio en el que ejercía una carrera profesional o estaba estudiando, mientras que la gran proporción (61,7%) se dedicaba a labores informales.

La mayoría de las personas recluidas en la cárcel por conductas de drogas lo están por el delito de tráfico de estupefacientes, sin que se les haya imputado ningún otro delito. Es decir, sólo una fracción muy pequeña de las personas que están en la cárcel por narcotráfico está relacionada con delitos graves como el concierto para delinquir, el homicidio o el porte de armas. Esto indica que la política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución.

La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.

Esta investigación invita a una reflexión y reforma profunda en la manera cómo se aplican las leyes de control de drogas en Colombia, a fin de contar con unas políticas balanceadas y efectivas.

 

Cifras y datos clave

En abril del 2017 la cifra de personas presas por delitos de drogas llegaba a 24.231. De esas, 3.573 son mujeres y 20.658 son hombres.

De cada diez mujeres que se encuentran en prisión cinco lo están por delitos relacionados con drogas. De ellas, el 93% son madres y el 52% son cabeza de hogar.

Mientras que la población general en Colombia ha crecido 19% en los últimos 15 años, la población carcelaria ha crecido 141,8% y la privada de la libertad por drogas 289,2%.

En el 2000, por cada 100 internos 12 lo estaban por delitos de drogas, en 2015 por lo menos 20 de cada 100 se encontraban recluidos por estas conductas.

Para el caso de los hombres, de 10 de cada 100 en 2001 por delitos de drogas se pasó a por lo menos 18 de cada 100. Y para el caso de las mujeres, de 40 de cada 100 a comienzos del nuevo siglo, quince años después lo están por lo menos 46 de cada 100.

Entre 2005 y 2014 la policía ha realizado 2’479.630 capturas, de las cuales 727.091 (el 29,3%) han sido por presunto porte, tráfico o fabricación de drogas.

En promedio la policía ha capturado a 80.787 personas por año por conductas de drogas, lo cual equivaldría a 221 capturas diarias o 9 capturas cada hora.

Conductas como el lavado de activos o el concierto para delinquir representan apenas un 0,5 y 0,7%, respectivamente, del total de capturas durante este periodo. La persecución es hacia los eslabones más débiles de la cadena.

El mantenimiento de plantaciones para procesamiento se concentra en departamentos periféricos. El tráfico se concentra más en departamentos menos pobres, que es donde están los mercados finales o los corredores de tránsito.

 

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