Aunque parezca contraintuitivo, la mejor estrategia política disponible para las Farc es abogar por que el acuerdo de paz incorpore medidas de justicia.

Si algo ha quedado claro en los últimos días, es que nada está claro sobre el futuro de las negociaciones de paz y las próximas elecciones. Muchos creen que la única manera de lograr la paz es que se firme un acuerdo antes de las elecciones, para evitar que el nuevo Congreso, con participación uribista, le ponga palos a la rueda. Otros, como Mauricio Vargas, han planteado que la aprobación temprana del acuerdo beneficiaría a Uribe, pues lo que le daría votos es su oposición al contenido del acuerdo.

En el fondo de la discusión está el tema de la justicia. Las negociaciones polarizan, y ofrecen rédito electoral a los uribistas, porque estos las interpretan como un acuerdo de impunidad, que la mayoría de la sociedad, a pesar de querer paz, rechaza. La interpretación es distorsionada, pues el marco jurídico propuesto por el Gobierno no equivale a impunidad, ya que incorpora sanciones para los responsables de los crímenes más graves y exigencias de verdad y reparación para los demás. Pero la interpretación ha cobrado fuerza por la postura de las Farc, que se oponen férreamente a pagar cárcel y por ello rechazan el marco jurídico y el eventual referendo.

Las Farc saben que las exigencias del marco pueden aumentar con la regulación que haga el Congreso y con su posterior revisión judicial. También saben que si las negociaciones no avalan mecanismos de justicia, es muy posible que la ciudadanía no las refrende. Estos riesgos pueden reducirse si el acuerdo de paz incluye con claridad los mecanismos de justicia aplicables a las Farc. Ello les daría margen de negociación sobre el modo en el que los máximos responsables pagarán las sanciones penales. Y a la vez blindaría jurídicamente el acuerdo y lo dotaría de legitimidad.

Por eso, la incorporación de medidas de justicia no sólo es una opción éticamente superior. Es la mejor alternativa que tienen las Farc en este momento. Si los voceros de ese grupo dan un paso al frente y admiten que los mayores responsables recibirán algún tipo de penas a cambio de su ingreso a la vida política, será poco lo que Uribe y sus seguidores puedan criticar de las negociaciones. Ello también disminuiría la resistencia de la opinión pública e incluso podría convertirla en apoyos a los beneficios y transformaciones que las Farc reclaman.

Con algo de justicia, es factible que la ciudadanía acepte la participación en política de la guerrilla, incluso con curules especiales y aun estando algunos condenados. Además, si las Farc se apropian con seriedad de la bandera de la justicia, pueden impulsar medidas afines a su agenda y fundamentales para una paz sostenible, tales como la sanción de los agentes estatales más responsables, la excarcelación de combatientes rasos y la reforma de las Fuerzas Armadas.

Admitir que se les aplique justicia por los crímenes más graves no implica que las Farc claudiquen a su interpretación de la violencia. Como dijo María Jimena Duzán, las Farc pueden sostener que fueron víctimas de un aparato político injusto, al tiempo que admiten que en desarrollo de la guerra se convirtieron también en victimarios. El reconocimiento de sus excesos contra civiles les permitiría defender con coherencia su proyecto político y dar un ejemplo de la entereza ideológica que pregonan, que podría eventualmente traducirse en apoyos a su causa dentro de la democracia.