En el comunicado proponemos que el informe final incluya  una sección adicional sobre la aplicación del enfoque de derechos a las políticas públicas necesarias para erradicar la pobreza, especialmente, las políticas fiscales. Ese análisis es necesario y útil por las siguientes razones. Primero, es necesario situar la lucha en contra de la pobreza dentro de marco amplio de políticas redistributivas que también logren disminuir los niveles extremos de desigualdad socioeconómica en la región. Segundo, si bien la política fiscal cumple un papel imprescindible dentro de este marco, también es cierto que se trata de una herramienta cuyo potencial no está siendo suficientemente aprovechado. Tercero, existen estándares de derechos humanos aplicables a la política fiscal en sus fases de diseño, elaboración, implementación y evaluación. Y la aplicación de estos estándares contribuirá a la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema en las Américas.

Las organizaciones firmantes son el Center for Economic and Social Rights (CESR), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), el International Budget Partnership (IBP) y Dejusticia.