Viene a la memoria la estampa del hombre Marlboro, cabalgando por la planicie al ritmo de las bocanadas de humo. Es la sensación de libertad que celebran incluso no fumadores como Juan Esteban Constaín, en una columna reciente que “no pretend(e) hacerle un canto absurdo al cigarrillo, una apología y una celebración”, pero termina haciéndolo al criticar las medidas contra el tabaquismo por querer “salvar a la fuerza” a los fumadores.

Por supuesto que cada cual tiene derecho a usar como a bien tenga su espacio de autonomía; “cada quien que se rasque con sus propias penas, cada quien que cargue con su propio cenicero”, como escribe Constaín. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra es la que cuentan las cifras y los estudios sobre los efectos sociales del tabaquismo, sin duda menos hermosos que las exaltaciones literarias de la libertad, pero igualmente elocuentes.

Es un momento propicio para recordar la historia completa. Hace 50 años —cuando se fumaba en cines, aviones y aulas— el gobierno de EE. UU. publicó el primer informe que reconoció el vínculo entre el cigarrillo, el cáncer y otras enfermedades fatales. Hace poco murió uno de los hombres Marlboro, víctima del hábito que popularizó. Y acaba de publicarse un estudio mundial que prueba que el tabaquismo está aumentando de nuevo, especialmente en los países pobres. En el siglo XX, fumar produjo 100 millones de muertes; si seguimos como vamos, en este siglo acabaría con 1.000 millones de vidas.

Los perjudicados son adultos que escogieron libremente fumar, dirán los defensores del cigarrillo. No es tan sencillo. La mayoría de los fumadores comienza antes de los 18 años y casi la cuarta parte lo hace antes de cumplir 10 años, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es posible? En buena parte porque las compañías tabacaleras combaten cualquier medida que restrinja el acceso de los menores al cigarrillo, como la prohibición de la venta de unidades sueltas o la publicidad masiva.

Se perjudican también los que no fuman, que también tienen derecho a la libertad. Absorben entre el 80% y el 90% de los efectos nocivos que padecen los que les fuman al lado, lo que explica que 600.000 no fumadores mueran anualmente por el humo ajeno, según la OMS. Y pagan por ello, porque sus aportes (en impuestos, en seguros de salud) subsidian los elevados gastos de los sistemas de salud en tratamientos para enfermedades causadas por el cigarrillo.

Así que fumar no es un simple acto de autonomía, ni regularlo es antilibertario. Por eso países como Uruguay, pioneros en medidas libertarias como la despenalización de las drogas, son líderes en la adopción de las restricciones recomendadas por el tratado mundial contra el tabaquismo, como prohibir la publicidad o encarecer los cigarrillos con impuestos.

Colombia avanzó con la ley antitabaco de 2009, que prohibió fumar en espacios cerrados. Pero dejó intactos los impuestos, que son la medida más eficaz para reducir el consumo y pagar equitativamente sus costos. Por eso la cajetilla cuesta menos aquí que en países vecinos, y una quinta parte de lo que vale en EE. UU. o Europa. El siguiente paso sería subir el gravamen por cajetilla del 50% al 100%, como lo sugirió hace poco el viceministro de Salud. Sería una medida genuinamente libertaria, porque balancearía la autonomía de todos: la de los adultos que fuman (y pueden seguir haciéndolo), pero también la de los no fumadores, los menores y los contribuyentes.

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